Es conocida la política del Partido Popular que tiende a privatizar servicios esenciales no siempre con fines confesables. Y a esa tendencia no escapa nuestro Ayuntamiento de León.
Lo que ocurre es que hay servicios que deberían ser prestados directamente por la Administración Municipal al afectar a destinatarios especialmente sensibles: las personas mayores y con diversos grados de dependencia. Cuando el Ayuntamiento concesiona este tipo de servicios olvida que está recorriendo el camino contrario a la prestación final de un buen servicio, porque establece una pugna esencialmente económica entre las empresas que pretenden gestionar la ayuda a domicilio, lo que al final se traduce siempre en una peor atención y un sacrificio salarial de sus emplead@s. Existe un clamor entre las trabajadoras de este servicio, prestado por una empresa privada, en cuanto a la pérdida de sus derechos laborales, tanto económicos como de calidad de su trabajo. Y ello redunda también en una peor calidad en la prestación del servicio a esos destinatarios tan dignos de respeto y atención como nuestros mayores y dependientes.
Cada vez que el Ayuntamiento ha concesionado el servicio a distintas empresas, es como si se hubiera quitado “el muerto de encima”. Incluso podríamos cuestionar el hecho de que, como en toda concesión, el Ayuntamiento debería inspeccionar permanentemente la prestación del servicio y si éste se adecúa a los parámetros convenientes, incluso si se están cumpliendo las condiciones básicas ofertadas por la concesionaria para la adjudicación del servicio, no sólo en cuanto al canon y otros aspectos económicos y administrativos, sino con relación a la calidad del servicio, cuestión bastante más importante que la anterior.
Podrían hacerse innumerables consideraciones al respecto, pero LAS TRABAJADORAS TIENEN RAZÓN, sus condiciones laborales son infames y al Ayuntamiento le importa bien poco. El servicio se presta por la empresa más con ánimo de lucro (o beneficio) que en base a criterios de servicio social, aun entendiendo las limitaciones que, la propia oferta que hizo para que le adjudicaran el contrato, son un corsé económico que nos vuelve a alejar del verdadero fin del servicio: una atención digna a nuestros mayores y dependientes.
Por eso, desde este medio, exigimos la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, único medio de garantizar una correcta prestación del servicio, con todos los medios necesarios, con el control de los CEAS y demás garantías administrativas. Mucho nos tememos que esta filosofía política no esté ni en la mente ni en el corazón del primo de Rajoy.
Firmado: Concejal 666
