Más de 200 guardias civiles, entre ellos los efectivos desplazados desde La Virgen del Camino han denunciado que han sido obligados a dejar el hotel en el que se alojaban en Calella, a 50 kilómetros de Barcelona, un día después de participar en el operativo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impedir el referéndum de este domingo.
El abogado Antonio Suárez Valdés ha anunciado, que presentará en nombre de los agentes afectados una querella contra la gerencia del Hotel Vila de Calella y contra el Ayuntamiento de este municipio por un presunto delito de coacciones.
La mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha denunciado en un comunicado estos hechos, señalando que «continúa y se recrudece el acoso contra los agentes en Cataluña por parte de los independentistas«. Esta organización asegura que son 250 los guardias civiles a los que esta mañana se les ha comunicado que tienen que dejar el establecimiento en el que llevaban varios días pernoctando.
Según el abogado Suárez Valdés, la decisión se ha comunicado tras las «presiones sufridas en la noche de ayer por entornos radicales que se manifestaron en la puerta del hotel». La gerencia les ha dicho que tomaban la decisión, aludiendo a «una presunta amenaza de corte de luz y agua corriente».
Según el letrado, los agentes se encuentran en la calle y a la espera de ser reubicados por la Dirección General de la Guardia Civil. Según informan algunos de los agentes, la alcaldesa de Calella, del PDeCAT, habría llamado al director del hotel esta mañana y le habría dicho que o nos echaba a los agentes o paraliza el expediente de una licencia de reforma total del establecimiento.
También señalan que varios de los trabajadores habrían recibido amenazas de muerte tanto hacia ellos como hacia sus familias. La decisión se ha adoptado tras el dispositivo policial para evitar el referéndum ayer domingo.
Los agentes de la Guardia Civil regresaron a su hotel de este pueblo, de 18.000 habitantes, y aseguran que sufrieron un escrache de varias horas.
AMENAZAS DIRIGIDAS A NIÑOS Y FAMILIARES
Según ellos, soportaron gritos, insultos e incluso el lanzamiento de botellas hasta altas horas de la madrugada. Estos agentes se encuentran comisionados en Cataluña y proceden en todos los casos de otras comunidades.
AUGC ha mostrado su «creciente preocupación por este clima de hostilidad hacia los guardias civiles, una situación que se ha desbocado en tan sólo unos días, y que dificulta enormemente el trabajo de los agentes en defensa de la legalidad y el orden en Cataluña». La asociación profesional destaca que este acoso está «ya» provocando situaciones muy difíciles incluso en el seno familiar de trabajadores que hasta hace escasas fechas vivían plenamente integrados en Cataluña.
«Es el caso de un agente destinado en la provincia de Lleida, que esta mañana ha conocido que en el colegio de su hijo, de tan solo cinco años, el profesorado estaba relatando a los alumnos un discurso en el que se criticaba la actuación de los guardias civiles y los policías nacionales en la jornada de ayer», denuncian.
LA VERSIÓN DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento ha denunciado a los agentes por su reacción ante la protesta «pacífica» frente al establecimiento de un grupo de personas que «ejercían su derecho democrático» tras una jornada en la que, según su versión, se le impidió ejercer el voto. Según un vídeo difundido por Ràdio Calella, los manifestantes les gritaron que se fueran, les insultaron reiteradamente y les llamaron fascistas con continuos reproches por la actuación en la jornada del referéndum.
La alcaldesa de Calella, Montserrat Candini, asegura que un grupo de estos guardias civiles cargaron tras el escrache contra las personas que se agolpaban en la calle. Al lugar acudió una patrulla de los Mossos d’Esquadra, que recibieron el aviso por parte de los agentes del Instituto Armado de que un grupo estaba ante su hotel, en la calle Sant Josep, gritándoles.
Según indicaron desde la policía catalana, acudieron al lugar e hicieron un cordón de seguridad, e intentaron mediar para que la gente se fuera. Los agentes, según ellos, cruzaron el cordón y comenzaron a cargar contra los manifestantes con porras extensibles. El incidente concluyó a la 1.30 horas dejando, según el Ayuntamiento, 14 contusionados y cuatro heridos que requirieron atención médica.