Las bombillas halógenas dejarán venderse a partir de mañana jueves 1 de septiembre en toda la UE, salvo el stock que los comercios tengan en su poder y el de los almacenistas, según ha precisado el director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación (Anfalum), Alfredo Berges.
Berges ha reclamado, en declaraciones a Europa Press, que las administraciones controlen o realicen inspecciones periódicas sobre las luces halógenas para evitar que los stocks sean «eternos» y sigan apareciendo años después.
En todo caso, ha recordado que la venta de lámparas halógenas supone en la actualidad menos del 10 por ciento del total y confía en que los plazos para su eliminación se cumplirán.
De este modo, ha señalado que desde este jueves 1 de septiembre no se podrán vender los halógenos menos eficientes, pero sí los que sigan en los stock de los almacenistas y comercios para favorecer la incorporación de nuevas tecnologías de iluminación en el proceso de eliminación de las lámparas más ineficientes. «Esta es una etapa más», ha comentado.
Berges ha recordado que primero se eliminaron las lámparas de 100 watios más ineficientes en 2009, posteriormente se han ido eliminando otras potencias y tecnologías y «ahora le toca a los halógenos».
El representante de los fabricantes ha subrayado que sustituir una lámpara halógena por una de tecnología LED supone un ahorro del 80 por ciento del consumo eléctrico.
Además, ha aclarado que «no hay que cambiar nada» en los casquillos de los focos halógenos normales, los que se instalan normalmente en viviendas o comercios, debido a que hay productos «perfectamente sustitivos» tras un largo desarrollo y adaptación por parte de la industria.
Berges ha recordado que las luces LED se usan desde hace una veintena de años para señalización por ejemplo en escalones de los cines, en los electrodomésticos o en los intermitentes de los automóviles. «El gran avance, hace no más de diez años, se produjo cuando se logró iluminar a distancia», ha comentado.
OTRA EXCEPCIÓN
Sin embargo, hay una tipología de halógenos que aún no tienen una tecnología sustitutiva y que tiene un año más de prórroga, en el que se tiene que desarrollar su alternativa, antes del 1 de septiembre de 2018.
En este contexto, ha destacado el «importante» esfuerzo de la industria para cambiar la tecnología incandescente y la halógena, que ha supuesto cambiar el proceso productivo, la mano de obra y la forma de mercado y «todo ello» para lograr una nueva tecnología a precio razonable para el consumidor.
Respecto al precio, ha apuntado que el precio de una bombilla LED es dos o tres veces el de una incandescente, pero se estima que la inversión se recupera entre uno y dos años y ha hecho hincapié en que la duración es «muy superior», ya que hay algunas que tienen una duración de 40.000 horas. En total, ha añadido que teniendo en cuenta estas variables, a lo largo de la vida útil de una LED se ahorra de 115 a 120 euros por cada foco halógeno sustituido a lo que se suma el ahorro «muy importante» de emisiones de CO2.
MORATORIA PARA LA ‘AUTORREGULACIÓN’
En este marco general, ha pedido una moratoria para reubicar 6.000 puestos de trabajo que «están en peligro» porque la mano de obra de estas nuevas ‘bombillas’ es «muy especializada. «Hay que ver la salida que se da a todo esto», ha comentado.
Por último, ha descrito a su sector productivo como la primer industria que ha apostado por la autorregulación y la eliminación de un buen negocio, el de la lámpara incandescente de toda la vida por una nueva tecnología.
«Hemos hecho un gran esfuerzo, hemos invertido en toda la cadena de valor, desde el prescriptor hasta el instalador. Ahora pido que los consumidores hagan lo mismo y rechacen productos sin garantías», ha concluido.
Por su parte, el portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, ha valorado como positiva la sustitución de este tipo de lámparas, pero cree que se trata de un «paso tímido y discreto» en la vía hacia la eficiencia energética y la producción sostenible.
A su juicio, es «positivo» que dejen de fabricarse pero advierte de que hay «poco margen» para la sustitución de estas luces ya que el uso del halógeno está muy extendido y «no son tan fáciles de sustituir» como otras bombillas. «El consumidor tiene poco margen de maniobra y además se les traslada totalmente el coste del cambio», ha criticado.
Mientras, desde la Asociación para el Reciclaje de la Iluminación (AMBILAMP), recuerdan la importancia no solo de sustituir sino de gestionar bien las viejas lámparas.
En total, en 2016 se han reciclado hasta finales de agosto un total de 1.642.839 lámparas y en 2015 se superaron los 26 millones entre bombillas de bajo consumo, fluorescentes y LEDs retrofit para su reciclaje. Además, AMBILAMP ha indicado a Europa Press que desde 2005 se han gestionado 145 millones de lámparas que han evitado la emisión a la atmósfera de 210.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.
BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD
Por otro lado, el investigador del CSIC en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona Xavier Perpiña, considera que los principales beneficios de este cambio están en el consumo y en el tiempo de vida.
Así, ha explicado a Europa Press que aunque el funcionamiento no es muy distinto a las incandescentes, el tipo de material que utiliza es diferente, ya que tienen un gas halógeno en su interior, principalmente yodo o bromo, que permite que el desgaste del filamento sea mucho menor.
También ha destacado el tiempo de vida, mayor que en el de las incandescentes, pero recuerda que todas ellas, independientemente de su tipo, generan residuos y, que, precisamente es por todo ello que la Unión Europea las prohíbe, por su consumo más elevado y los altos residuos que genera.
Entre las ventajas, se ha referido también a que contribuirá a un menor consumo energético, a aumentar el uso más eficiente de la energía y a reducir la generación de residuos.
Por el contrario, ha recordado que estas nuevas lámparas tienen un coste más elevado y que su proceso de reciclaje también conlleva un gasto que no se recupera en su totalidad. Si bien, no cree que el contenido que tiene de bromo o yodo sea lo suficientemente significativo como para contaminar en caso de una gestión inadecuada aunque no descarta que pudiera tener un impacto sobre el ozono.