La justicia de Burgos remite a la policía el expediente de la muerte de la hija de Ana Julia

El Juzgado de Instrucción número 4 de Burgos, en respuesta a la petición de información de la Policía Nacional sobre la muerte en 1996, supuestamente accidental, de la hija mayor de Ana Julia Quezada, detenida por el asesinato del niño Gabriel Cruz, ha incoado diligencias previas para dar traslado al citado Cuerpo de las actuaciones practicadas en su momento.
El trámite seguido por el juzgado de Burgos no quiere decir que el caso se haya reabierto puesto que la incoación de diligencias previas es el procedimiento judicial oportuno para gestionar este tipo de trámites procesales, según aclara el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.
La muerte de Ridelca Josefina, de 4 años, hija de Ana Julia fruto de una relación anterior de en Santo Domingo y con la que se trasladó a Burgos un año antes de dicho óbito, fruto de una caída desde la ventana de su casa, llevó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Burgos a abrir en marzo de 1996 unas diligencias previas.
El Juzgado archivó las diligencias abiertas con el aval de la Fiscalía «por no ser los hechos constitutivos de delito», según expone el auto de sobreseimiento libre de fecha 11 de junio de 1996.

Archivo de las diligencias en 1996

Dicho archivo, que no fue recurrido, se realizó tras recibir los informes de la Policía Nacional y del Instituto Anatómico Forense que concluyeron que la muerte fue «accidental« y tras practicarse las diligencias judiciales oportunas como la toma de declaración en calidad de testigos de la madre, del padre y de otros familiares.
En el año 2001, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Burgos se desdoblaron en jurisdicción civil y penal, pasando el Juzgado nº 6 a ver únicamente procedimientos civiles. Por tanto, en la actualidad el Juzgado de Primera Instancia nº 6 no tiene competencia penal sobre el asunto en cuestión.
Tras la solicitud de información cursada por la Policía Nacional a los Juzgados de Burgos, el procedimiento que permanecía en el archivo de expedientes judiciales de Zaragoza ha sido remitido al Servicio Común General de los Juzgados que ha procedido al reparto según las normas establecidas, recayendo el caso en el Juzgado de Instrucción nº 4 de la capital.
Este último tribunal ha incoado diligencias previas, a raíz de la petición de información de la Policía Nacional, para dar traslado a este Cuerpo de una copia de las actuaciones practicadas en 1996.

Maria Ortiz

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