Presentan una denuncia al Procurador del Común y exigen sancionar a la directora del centro de discapacitados por decisiones ilegales
Un grave conflicto ha estallado en el Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (CRE) de San Andrés del Rabanedo. El Sindicato de Enfermería Satse y el Colegio de Enfermería de León han solicitado al Procurador del Común que se abra un expediente informativo contra la directora del centro, acusándola de tomar decisiones «ilícitas o contrarias a la legalidad», que ponen en riesgo tanto a las enfermeras como a los residentes.
El sindicato ha denunciado la existencia de decisiones «arbitrarias» por parte de la directora de este centro de discapacitados de León, que afectan la calidad de la atención brindada a los residentes. Hace unas semanas, Satse León ya había pedido al subdelegado del Gobierno en la provincia que iniciara una investigación contra la directora del CRE.
Según el sindicato, se han producido situaciones que perturban el desarrollo normal del trabajo debido a estas decisiones «arbitrarias». Además, Satse ha denunciado la falta de personal en el centro, especificando que faltan dos enfermeras de las diez que deberían estar presentes. Alegan que no se muestra intención de cubrir esos turnos vacantes, lo que resulta en la existencia de «turnos descubiertos» para evitar la generación de necesidades de servicio. Satse exige que se cubran todas las plazas del CRE, dada la necesidad de cuidados especiales que requieren los residentes.
Otra queja presentada por el sindicato es la de dar órdenes a las enfermeras para que deleguen sus funciones en trabajadores no cualificados, como en el caso de curas y administración de medicación a los pacientes y discapacitados, lo que alegan como un intento de «arrebatar la autonomía profesional de las enfermeras».
Además, se han registrado nuevos ingresos y admisiones temporales sin la debida información sobre los procesos de atención o la medicación prescrita, lo que según Satse genera malestar entre los profesionales y puede resultar en una respuesta menos efectiva en caso de urgencia.
Graves acusaciones contra la directora del centro
En la queja presentada al Procurador del Común, el sindicato también menciona que el protocolo de medicación del centro de discapacitados de León, ubicado en San Andrés, no está actualizado y que la directora pretende permitir que cualquier profesional administre la medicación, lo que califican como «intrusismo profesional». Además, Satse señala la preocupación de no saber quién sería responsable en caso de errores en la administración de medicamentos sin la presencia de una enfermera.
Asimismo, el sindicato denuncia que se permite fumar en las instalaciones del centro, lo cual representa un peligro para los usuarios y los trabajadores. También han informado que en lugar de perseguir estas conductas irregulares, la dirección aconseja a las enfermeras que tengan «paciencia y comprendan la situación», incluso llegando a instarlas a custodiar «marihuana bajo su responsabilidad». Estas acusaciones fueron presentadas ante el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) sin obtener respuesta alguna hasta el momento.
Ante estas graves acusaciones, Satse y el Colegio de Enfermería han solicitado al Procurador del Común que se abra un expediente informativo para investigar las acciones de la directora y determinar si han infringido la legalidad y han puesto en riesgo la salud y seguridad de los residentes y el personal del centro.
El CRE de San Andrés del Rabanedo es un referente en la atención a personas con grave discapacidad y para la promoción de la autonomía personal, por lo que este escándalo ha generado una gran preocupación en la comunidad. Los familiares de los residentes también se han manifestado inquietos por las decisiones tomadas y han pedido transparencia y acciones contundentes por parte de las autoridades competentes.
Hasta el momento, la directora del centro no ha emitido declaraciones sobre las acusaciones en su contra. El Procurador del Común se encuentra evaluando la solicitud de apertura de expediente informativo y se espera que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y tomar las medidas correspondientes en caso de comprobarse las irregularidades denunciadas.
