Hace apenas unos minutos el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la reforma de la ley de Presidencia que aprobó la mayoría independentista la semana pasada y que permitía la investidura a distancia de Carles Puigdemont.
La tan cuestionada ley queda suspendida cautelarmente y de forma automática, por lo que la posibilidad de investir la expresidente independentista decae definitivamente.
Tanto la Mesa del Parlamento catalán como su presidente incurrirían en un delito de desobediencia si lo intentaran. El Tribunal advierte a Torrent y a los demás miembros de la Mesa de su deber de acatar la decisión del Pleno.
Esta decisión obliga al presidente cesado, que se encuentra en Berlín a la espera de la tramitación de la euroorden cursada por el juez Llarena por rebelión y malversación, a mover ficha en las próximas horas y elegir a alguien para ser investido presidente de la Generalidad.