El juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, ha imputado al leonés Alfredo Prada (PP) por varios delitos.
El Campus de la Justicia, está bajo sospecha por irregularidades. Esta empresa pública se creó en 2005 para unificar todas las sedes judiciales de la región. De los doce edificios proyectados entonces, solo se levantó uno.
Prada, que actualmente no ocupa ningún cargo público, la apuesta de Pablo Casado para detectar prácticas corruptas dentro de la formación.
El exconsejero, ha sido citado para declarar el 27 de marzo. Los otro técnicos de esta empresa pública: Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar y Alicio de la Heras Rodríguez, también han sido llamados a declarar, como consecuencia de la investigación.
La empresa pública encargada, presupuestó 229 millones en proyectos técnicos, con Baños como responsable, pero con Prada como responsable último.
La investigación judicial
El exconsejero está ahora siendo investigado por los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y otros. Según la Audiencia Nacional “La sociedad Campus de la Justicia de Madrid no seguía ningún criterio de racionalidad económico-organizativo». Se le achaca además, «un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal sumamente débil».
El proyecto, fue fiscalizado por la Cámara de Cuentas, que analizó todas las irregularidades detectadas en los años en los que estuvo operativa esta sociedad. Dicho informe acabó en la Fiscalía debido al cúmulo despropósitos que en forma de mala gestión y despilfarro acumulaba el mismo.
Los tres grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid, PSOE, Podemos y Ciudadanos también se unieron para interponer una denuncia.