El Gobierno anunció este miércoles el inminente traslado a cárceles del País Vasco de Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, y de Henri Parot. Se trata de los dos de presos de ETA con mayor historial criminal y más peso interno de los que quedaban por acercar a Euskadi.
El primero está condenado por una decena de asesinatos, entre ellos el de Miguel Ángel Blanco. Parot formó parte del comando itinerante que durante los ochenta acabó con la vida de decenas de personas. No vendrán solos.
El movimiento realizado por Instituciones Penitenciarias incluye a un total de trece etarras, entre ellos otros históricos como Jon Bienzobas y Félix Alberto López de la Calle, ‘Mobutu’.
El gesto tiene una profunda carga política por varios motivos. Uno es por los protagonistas. Se trata de un grupo formado por etarras con un historial sangriento que, además, en muchos casos han mostrado escaso o nulo arrepentimiento. ‘Txapote’ siempre se mostró crítico con el abandono de las armas y con la estrategia de la izquierda abertzale de apostar por las vías políticas.
A esto hay que añadir que se trata del mayor movimiento realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez en lo que llevamos de legislatura. Nunca de una sola tacada habían sido acercados trece presos al País Vasco. Y hay un tercer elemento a tener en cuenta. El movimiento acelera de nuevo el fin de la dispersión.
Cuando el traslado se haga efectivo, algo que sucederá en pocas semanas, en el resto de cárceles de España apenas habrá una treintena de presos de ETA, a los que hay que sumar la quincena condenados en Francia.
El caso de Parot es similar. Condenado por numerosos asesinatos, formó parte hasta finales de los ochenta de un comando itinerante que sembró el terror por toda España. Estaba internado en León. Al igual que en el caso de ‘Txapote’, aún no está decidido en qué centro tendrá que cumplir lo que le queda de condena.
Además de Bienzobas y ‘Mobutu’, el Gobierno ha decidido el acercamiento de Ismael Berasategi, Manex Castro, José Antonio Zurutuza, Aitor Agirrebarrena, Oscar Celarain, Juan Manuel Inciarte, Eider Pérez, Jon Igor Solana y Juan Luis Rubenach.
La izquierda abertzale da por hecho que para final de año la práctica totalidad estarán ya en Basauri, Zaballa, Martutene y Pamplona. En estos momentos, solo media docena de miembros de ETA cumple condena a más de 400 kilómetros del País Vasco o de Navarra, en los centros de Madrid y Salamanca.
El traslado de etarras ha sufrido un acelerón en el último mes. Aunque la llegada de reclusos ha sido un goteo constante desde que Sánchez entró en La Moncloa, en abril se produjo un parón. Pero a finales de julio todo cambió. Instituciones Penitenciarias anunció el traslado de once etarras y solo dos semanas después hizo oficial el acercamiento de otros doce. Es decir, en apenas un mes el Ejecutivo ha movido a una treintena de presos. Además, casi todos con un perfil ‘duro’.
El proceso de acercamientos se ha desarrollado de forma paralela a la mejora de las relaciones entre el Gobierno de Sánchez y EH Bildu. Ambas partes niegan que la cuestión de los presos esté sobre la mesa negociadora. Los socialistas insisten en que mantener la dispersión diez años después del fin del terrorismo no tiene sentido, y desde la coalición soberanista solo se reconoce que mientras Sánchez esté en La Moncloa hay una «ventana abierta» de oportunidades.
García Gaztelu fue uno de los principales referentes terroristas dentro de la banda. Se trataba del miembro de ETA que en estos momentos estaba más alejado de Euskadi, en el centro madrileño de Estremera. Se da la circunstancia de que en esa misma prisión está su pareja, Irantzu Gallastegi, condenada por múltiples atentados y que a partir de ahora será la integrante de la banda terrorista que cumplirá condena en España a mayor distancia del País Vasco.
Arnaldo Otegi sí fue más claro ante sus militantes en Eibar en octubre del año pasado cuando reconoció que «todo» -en alusión a los acuerdos que se están alcanzando con el Ejecutivo a lo largo de los últimos años- se hace por los presos.
Francisco Javier García Gaztelu, de 56 años, fue detenido en un elegante chiringuito de la playa de Anglet, en el País Vasco francés el 22 de febrero de 2001. En ese momento era el responsable militar de ETA y toda su reflexión se resumía en una frase: «Golpear hasta que el Estado se ponga de rodillas».
En el bar donde se le arrestó intentó destruir una agenda que contenía los nombres de una veintena de comandos que él mismo había creado para cumplir su sueño. Había buscado a jóvenes con su historial: de la kale borroka al terrorismo. De los «cócteles molotov» a las pistolas. Porque esa es toda su historia. En 1984 fue detenido por primera vez por su relación con la violencia callejera pero su abogada, Jone Goirizelaia, alcanzó un pacto con la Fiscalía para que no entrase en prisión.
En 1994 estaba enrolado en el ‘comando Donosti’ y fue el ariete de la denominada «doctrina Oldartzen», con la que ETA pretendía «socializar el sufrimiento» para que le acabaran dando la razón por la acumulación de horror.
Él estuvo detrás de los asesinatos de cargos políticos como Gregorio Ordóñez, José Luis Caso Manuel Zamarreño y Miguel Ángel Blanco, del PP, y del histórico socialista Fernando Múgica, crímenes por los que está condenado a más de 300 años de cárcel. En 1998, durante la tregua de Lizarra, huyó a Francia y allí ascendió a la cúpula de ETA.
En una conversación que mantuvo en prisión con su pareja Irantzu Gallastegi, ambos se lamentaban del fin de ETA y esperaban que «con el tiempo» surja un movimiento parecido para ocupar «el vacío» dejado por la banda.
García Gaztelu fue sentenciado en 2006 como autor material del asesinato de los concejales del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, además del histórico dirigente socialista Fernando Múgica, del sargento Alfonso Morcillo, del brigada del Ejército Mariano de Juan Santamaría y del policía Enrique Nieto.
Además, la Justicia también le condenó por asesinar a los agentes de la Guardia Civil Irene Fernández y José Ángel de Jesús, como autor responsable de la muerte del funcionario de prisiones Máximo Casado y por el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica.
También fue condenado como responsable del asesinato del concejal del PP José Ignacio Iruretagoyena y por su participación en los asesinatos del socialista Fernando Buesa y de su escolta, Jorge Díez. Ordenó además el asesinato del periodista José Luis López de la Calle.
Txapote’ es uno de los presos de ETA más simbólicos de los que aún cumplen condena por el peso específico que llegó a tener en la organización terrorista. Está condenado por 14 asesinatos, entre los que se encuentran políticos como Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa y Fernando Múgica, así como Alfonso Morcillo, sargento de la Policía Municipal de San Sebastián.
El recluso, que actualmente está interno en la prisión madrileña de Estremera, fue traslado desde el centro penitenciario de Huelva en abril de 2021. ‘Txapote’ ingresó en la cárcel el 15 de diciembre de 2005 y cumple condena acumulada de 30 años.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) lamenta esta nueva «oleada» de acercamientos de etarras. Además, en la lista, recuerdan que «se encuentran algunos de los más sanguinarios» y que solo quedan 45 presos fuera de las cárceles de Euskadi y Navarra.
«Asesinos en serie como Henri Parot o Txapote van a cumplir lo que les quede de la condena en prisiones cerca de sus familias, sin haber mostrado un ápice de arrepentimiento ni haber colaborado con la justicia jamás», ha asegurado la AVT en un comunicado.
Para las víctimas, esta nueva decisión ha supuesto un «nuevo mazazo» y se han dirigido al presidente del Gobierno Pedro Sánchez respecto a su relación con su socio Bildu y la nueva decisión del Ministerio del Interior. «Desde que decidió cambiar la política penitenciaria, estos traslados son la antesala a otras decisiones que implicarán su salida de prisión antes del cumplimiento íntegro de sus condenas», indica la asociación.
Otro preso que será trasladado es Jon Bienzobas Arretxe desde la prisión de Dueñas, en Palencia. El etarra cumple condena, entre otros delitos, por el asesinato en 1996 del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente. También lo hará Manex Castro Zabaleta, que pasó a segundo grado, desde la cárcel cántabra de El Dueso, condenado a 44 años de prisión por su participación en el atentado en el que el empresario Ignacio Uría perdió la vida.
Desde Soria, será trasladado Juan Manuel Inciarte Gallardo, detenido en México y condenado a una pena de 30 años por el asesinato en 1983 de un teniente, un cabo de la Policía y su mujer que estaba embarazada. Del mismo modo, lo hará Félix Alberto López de Lacalle, también conocido como Mobutu, detenido en Francia en 2004 y acusado por el asesinato de tres guardias civiles en 1980.
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