50 pasaportes falsos y 10 años le han bastado a un senegalés para cobrar más de un millón de euros en ayudas sociales del Gobierno Vasco. El ciudadano senegalés, de 40 años, ha acumulado de forma ilegal la no menospreciable cantidad de 1.097.000 euros en ayudas sociales del Gobierno Vasco. La Policía Nacional lo atribuye un fraude que ha prolongado durante diez años en el que ha utilizado medio centenar de identidades falsas para recibir tanto la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).
Efectivos de la Brigada de Extranjería de la Policía detuvieron a este senegalés, cuyas iniciales responden a O.N., tras una investigación policial que se inició el pasado mes de marzo. Los agentes de la Policía Nacional detectaron que el hombre viajaba con frecuencia a Senegal y utilizaba varias identidades para cobrar las ayudas sociales de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo. También han sido detenidos varios colaboradores de O.N. que se hacían pasar por él ante las oficinas de empleo vascas.
La táctica de O.N. era subarrendar habitaciones para conseguir empadronarse en un domicilio y completaba los años previos de residencia requeridos mediante certificados de empadronamiento falsos. Seguidamente abría una cuenta en una entidad bancaria y acudía a las oficinas de Lanbide a solicitar la RGI y la PCV.
Tenía 50 pasaportes falsos
Según fuentes de la investigación, O.N. ingresaba mensualmente hasta 10.000 euros al percibir ayudas cuyo importe actual es de 1.002 euros para una única persona (727 euros de RGI y 275 euros de PCV).
Para obtener estas prestaciones sociales el ciudadano senegalés, que se encuentra ahora en libertad provisional, se empadronó en diferentes localidades (Durango, Getxo, Gernika o Iurreta). Empadronamientos que en los ayuntamientos vascos se realizan con una simple declaración y la conformidad del propietario o arrendatario, algunos de los cuales están imputados por colaboración.
Empadronamientos falsos en varios municipios vascos
Los pasaportes presentados a las instituciones y a las entidades bancarias corresponden a ciudadanos de Senegal, Congo, Gambia, Mali y Ghana. Además, con el objetivo de cobrar la prestación por alquiler de vivienda de 250 euros mensuales (actualmente, 275) el presunto defraudador registraba en Lanbide contratos de subarriendo de habitaciones en pisos alquilados por él mismo, por cómplices y por otros ciudadanos que desconocían su actividad delictiva.
