La Fiscalía pide 130 años para el presunto asesino de Marta Calvo

La Fiscalía pide 130 años para el presunto asesino de Marta Calvo, ya que la acusación particular ha asumido, en éste caso, una de las mayores penas solicitadas, en un caso penal, en la justicia valenciana.

El imputado Jorge Ignacio P.J. ha sido declarado por la Fiscalía, como autor de abusos sexuales no solo en éste caso, sino también con todas sus víctimas, matando a tres y lesionando a otras ocho, mediante la técnica homicida utilizada por el detenido, consistente en introducir cocaína de gran pureza en la vaginas de la mujeres, con las que se citaba para tener encuentros sexuales.

Largo historial de víctimas del presunto asesino de Marta Calvo

El presunto asesino en serie, ha sido acusado por la Fiscalía de las muertes de Marta Calvo, Lady Marcela Vargas y Arliene Ramos y de 8 ataques sexuales a otras víctimas, porque tal y como ha declarado la fiscal, todos los abusos sexuales sólo tenían como fin: matar o lesionar con daños físicos.

Por esa razón, la Fiscal le acusa de 11 delitos de abuso sexual en concurso medial con el homicidio, en tres de los casos y de lesiones, en los otros ocho, y en concreto pide prisión de 15 años para cada uno de los tres más graves y 10 años por cada uno de los otros ocho. Además de la pena de prisión, la fiscal solicita también por los delitos que se le imputan, importantes indemnizaciones por daños morales que ascienden a 340.000€, para las víctimas o las familias de las que han fallecido.

Jurisprudencia que permite condenar a pesar de no haberse hallado el cadáver

En el caso de Marta Calvo, la Fiscalía cita bastante jurisprudencia que permite juzgar y condenar al presunto autor, aunque no haya sido posible recuperar el cadáver de la víctima.

Aún se desconoce el origen de la droga que el presunto asesino utilizaba con sus víctimas, pero debido al elevado porcentaje de pureza que tenía, se supone que tenía acceso a partidas procedentes de fábricas y laboratorios de Suramérica. Por ello se le imputa también un delito contra la Salud Pública, por el que se solicita añadir a su condena, otros 5 años de cárcel.

Maralhy Morais