Han pasado más de dos años desde que se empezara a extender la noticia de que el Gobierno trabajaba en una norma que recogiera la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y las personas transexuales.
Más de 24 meses en los que se han producido roces entre los socios de coalición, reproches a los órganos judiciales y divisiones del movimiento feminista. No ha sido fácil, ni mucho menos rápido, pero finalmente la ya bautizada como ley trans llega este lunes en segunda vuelta al Consejo de Ministros para encarrilar su tramitación parlamentaria.
El dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fue especialmente crítico.
Este órgano expresó tener «dudas» sobre la redacción de la norma, al considerar que discrimina a las mujeres (en lo que respecta a la violencia de género o al deporte, entro otros) y que presenta «disfunciones» en el cambio registral de sexo, por lo que recomendó elevar a 18 años la edad mínima para solicitar la rectificación.
Es una de las claves de esta ley. Se trata del derecho a cambiar el nombre y el sexo en el documento de identidad sin necesidad de aportar informes médicos ni tratamientos hormonales, es decir, sin injerencia externa.
El texto de Igualdad establece que el cambio de sexo registral se podrá realizar a partir de los 12 años: entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.
Se crea esta figura cuando los menores de entre 12 y 16 años que quieran solicitar el cambio registral no cuenten con el consentimiento de sus representantes legales.
El Sistema Nacional de Salud costeará el tratamiento hormonal, cirugías genitales, mastectomías, material protésico…
La asistencia sanitaria contemplaría también el acompañamiento en todos los aspectos de la salud física y mental de la persona. Para iniciar este proceso no se necesitará el consentimiento de los padres desde los 16 años.
Las personas tras dejan legalmente de ser consideradas enfermas.
La Ley Trans despatologiza a las personas trans, de forma que la voluntad de la persona será el único requisito para el cambio, acabando así con los informes médicos y la necesidad de tutelas médicas y legales.
Se consideran una infracción «muy grave», castigada con multas de hasta 150.000 euros.
Las mujeres lesbianas, bisexuales y las que no tiene pareja volverán a tener acceso a técnicas de reproducción asistida dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Esto se eliminó de dicha cartera hace más de siete años.
Las personas trans con capacidad de gestar podrán optar a las técnicas de reproducción asistida.
La Ley Trans Modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas.
Por primera vez, se legisla sobre los derechos de las personas que nacen con una anatomía reproductiva o sexual que muestra, en grados variables, caracteres sexuales de ambos sexos (personas hermafroditas). En este caso, se prohíben las mutilaciones y cirugías, salvo si es por motivos de salud.
No se les inscribirá con un sexo determinado durante el primer año de vida.
Se establecerán una serie de sanciones divididas en tres tramos:
– Leves: de 200 a 2.000 euros. Se incluyen: vejaciones por su identidad de género u orientación sexual, negarse a colaborar con los servicios de inspección o causar daños a bienes del colectivo, como placas.
– Graves: de 2.001 a 10.000 euros, por no retirar las expresiones vejatorias en sitios web o redes sociales, incorporar cláusulas en contratos que sean discriminatorias o vejatorias, permitir prácticas tránsfobas o no colaborar con las inspecciones.
– Muy graves: de 10.001 a 150.000 euros. Incluyen desde las terapias de conversión hasta el uso o difusión en centros educativos de libros de texto y materiales «que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales».
En coordinación con las comunidades autónomas, esta ley garantiza «contenidos relativos al tratamiento de la diversidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI».
Además,, se promoverán programas de educación sexual y se garantizará el derecho de los alumnos a exteriorizar su identidad de género, por lo que todo personal docente deberá respetar la imagen física, la elección de su indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones del centro educativo conforme al mismo.
La Ley Trans establece incentivos para la contratación de personas trans y procedimientos para denunciar la discriminación.
Desde Igualdad ya han manifestado en varias ocasiones la intención de que la ley ampare también a las personas refugiadas e inmigrantes con papeles, ya que, tal y como está redactada ahora, solo se permite cambiar el sexo a personas con nacionalidad española y abra la puerta a que puedan hacerlo también los inmigrantes sin documentación.
Otra reivindicación del movimiento LGTBI que quedó en el tintero es el reconocimiento de las personas no binarias (con la creación de una tercera casilla en el DNI); un asunto sobre el que indudablemente se debatirá también en sede parlamentaria.
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