La proposición de Ley para abolir la prostitución impulsada por el PSOE se tramitará en el Congreso gracias al apoyo del PP, aunque ha quebrado al bloque de la investidura y ha abierto también grietas en Unidas Podemos.
El debate para la toma en consideración de la iniciativa ha dividido a la Cámara entre quienes ven la prostitución como una violencia contra la mujer, opinión mayoritaria y compartida por socialistas y populares, y quienes defienden la libertad sexual de quienes la ejercen.
La votación se ha saldado con 232 votos a favor del PP, PSOE y Podemos, menos los siete diputados de En Comú que se han desmarcado y han votado en contra al no estar de acuerdo con la forma. Asimismo, ERC, Ciudadanos y la CUP han sumado 38 votos negativos, mientras que han sido 69 las abstenciones de Bildu, PNV y Vox.
De esta forma, el proyecto de ley ha superado el primer trámite y se llevará de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva.
Este discurso ha sido defendido también por la portavoz de Igualdad del PP, Marta González, quien se ha mostrado «cansada» de escuchar en otros partidos argumentos como que el de la prostitución es «un debate estéril», que debe «ser realistas» porque «la prostitución existe desde el comienzo de la historia» o «porque su erradicación es imposible y su existencia inevitable», que es «un mal menor que hay que tolerar para que los hombres tengan sus necesidades sexuales satisfechas» o que «también hay mujeres que consumen y hombres que la ejercen», entre otros.
«Millones de niños trabajan en el mundo y nuestra conciencia nos impide abogar porque se regule esa actividad», ha declarado la diputada del PP al respecto.
González cree que, desde la reforma del Código Penal de 1995, que eliminó la tercería locativa, se ha vivido una «normalización» de esta práctica hasta llegar a «un nivel de indiferencia y tolerancia inaudito» hacia una actividad que, según ha señalado, «esconde los rasgos más crueles de discriminación y violencia». «La prostitución no puede ser considerada un trabajo porque no es comparable a ninguna actividad laboral», ha concluido.
El PSOE saca adelante su propuesta de ley para modificar el Código Penal en materia de proxenetismo con los votos a favor del PP y de Podemos, pero no consigue convencer a los comunes, que han votado en contra, ni a sus socios en el Congreso. PNV, EH Bildu y PDeCAT han decidido a abstenerse, mientras ERC, Junts y CUP han votado en contra. Tambien ha votado ‘No’ Ciudadanos y Vox ha optado por la abstención.
Unidas Podemos ha optado por el sí, aunque En Comú ha decidido votar ‘no’ al considerar que la ley, con un enfoque paternalista, supondría un grave retroceso en los derechos de las mujeres, según han explicado fuentes de esta formación.
Desde la tribuna, la diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón ha expuesto también múltiples discrepancias y ha avanzado que enmendarán el texto para castigar el proxenetismo vinculado a la explotación, reformar la ley de extranjería y eliminar el artículo que multa a los puteros.
Sobre el sentido de su voto, ha explicado que los morados están convencidos de la necesidad de un acuerdo en materia de explotación sexual.
Sin embargo, el socio del PSOE en el Ejecutivo ha sido el único partido del grupo confederal en el Congreso que ha dado su voto favorable a los socialistas. Los representantes de En Comú Podem, a excepción del diputado Ismael Cortés, ha decidido votar que no a la tramitación de esta iniciativa al entender que la solución a este fenómeno no es una perspectiva «punitivista»
Ha sido la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, quien ha defendido este texto que busca, según ha señalado que, después de «décadas» las mujeres «sean las únicas dueñas de su propia vida» y que la explotación de las mujeres no tenga espacio en la sociedad.
«En democracia, las mujeres ni se compran ni se venden», ha declarado.
Durante su intervención, ha asegurado que su formación está dispuesta a «trabajar con los grupos que compartan el objetivo de acabar con el proxenetismo» en el país y ha criticado a aquellas formaciones que han tachado a las socialistas de «ingenuas» o «puritanas».
«Sabemos a los que nos enfrentamos», ha declarado Lastra, antes de señalar que la explotación sexual supone «un negocio de miles de millones en el país».
El partido cuyo líder prometió en el último congreso federal del partido acabar con la prostitución en el país ha sintetizado su código abolicionista con tres medidas: sancionar a los clientes, penalizar a los prostituidores y proteger a las víctimas. «Nuestra proposición tiene cuerpo de ley, alma de pacto. Es una propuesta de país. Sin prostituidores, no habría trata», afirmó Lastra.
Lastra especificó que, a diferencia de lo que se había filtrado, la propuesta socialista no regulará el acceso a la pornografía para menores ni prohibirá la producción de contenidos de alto voltaje erótico para el cine ni internet.
y lo hizo Sara Giménez dando aún más ritmo al debate al criticar la hipocresía de PSOE-UP porque, lanzó: «¿Nos interesa el consentimiento de una mujer pero no vamos a preguntar el consentimiento a una trabajadora sexual?».
Con un tono poco afable Sara Giménez defendió que también existen los trabajadores sexuales (de ambos sexos) que lo hacen de forma voluntaria y que van a ser criminalizados por esta norma.
Para Giménez, el PSOE confunde ‘ad hoc’ dos debates: la lucha contra la trata y el trabajo sexual y lo hace precisamente porque no goza de las competencias de Igualdad. «Su propuesta no es más que un parche legislativo lleno de moralina y paternalismo», dijo la diputada naranja. «Es compatible combatir la trata y respetar el libre ejercicio de una actividad.
Para esta ley van a contar con los conservadores, y la izquierda más puritana, pero no con los liberales»
Uno de los artículos del Código Penal que se va a modificar será el 187, desvinculando la persecución del proxenetismo de la explotación, lo que amplía el tipo penal que lo criminaliza. Esta ley elimina el concepto de explotación y rebaja las penas de uno a tres años.
Otra de las modificaciones es la de la tercería locativa. Esto es, se castigará al que destine de manera habitual y con ánimo de lucro un local para la práctica de la prostitución. Las penas de prisión por este motivo estarán entre dos y cuatro años de prisión y las multas entre los 18 y los 24 meses.
La tercera modificación es la del castigo a los puteros. Los clientes o consumidores de prostitución serán castigados con multa de 12 a 24 meses, una pena que aumentará en caso de que la persona prostituida sea menor de edad. La persona prostituida no podrá ser sancionada en ningún caso.
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