La prisión donde permanece Iñaki Urdangarín necesita más guardias civiles

Desde que hace un mes ingresó en prisión Iñaki Urdangarín se ha hecho muy célebre el centro penitenciario de Brieva, en la provincia de Ávila, antes desconocido para la opinión pública. Pero lamentablemente esa fama repentina no ha ido acompañada del necesario incremento en la plantilla de la Guardia Civil responsable de la seguridad de dicha prisión.

Debe tenerse en cuenta que esa misma unidad también asume la vigilancia y seguridad de la Comandancia de Ávila, lo cual da lugar a que el número de agentes presentes en el centro penitenciario de Brieva sea claramente insuficiente, a lo cual debe añadirse que carecen de al menos un vehículo disponible para reaccionar en caso necesario ante incidentes, como ocurrió por ejemplo hace unas semanas cuando un periodista accedió a la zona de seguridad prohibida para el público.

Ese déficit de plantilla se viene arrastrando desde hace años, y no parece que la Dirección General tenga mucho interés en solucionarlo, porque en la última convocatoria de vacantes, anunciada el pasado mayo, sólo se publicaron siete para el Núcleo de Servicios de Ávila, que es la unidad encargada de esos cometidos, dejando otras seis vacantes sin publicar.

A todo ello debe añadirse que el personal destinado en esa unidad, perteneciente a la especialidad de Protección y Seguridad, percibe las retribuciones más bajas de todos los cuerpos policiales estatales y autonómicos, pero además carecen de manual específico de prevención de riesgos laborales y no se les imparte formación adaptada a sus funciones profesionales, a pesar de las múltiples y reiteradas denuncias que AUGC viene haciendo públicas y en distintos ámbitos.

Con más de 31.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).