El Juzgado de lo Penal 1 de Granada celebra este miércoles, tras un aplazamiento por la renuncia de su letrado, el juicio contra Juana Rivas. Rivas que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores al haber permanecido un mes desaparecida con sus hijos.
El juicio estaba fijado para el pasado 14 de junio, fecha en la que Rivas se presentó en la sede judicial con el letrado Juan de Dios Ramírez, que renunció a representarla y forzó así la suspensión de la vista en contra del criterio del juez, Manuel Píñar.
El titular del Penal 1 desestimó los argumentos de Ramírez para aceptar su renuncia a defender a Juana Rivas, pero tuvo que suspender el juicio porque el letrado abandonó la sala, hechos que el juez trasladó al Juzgado de Guardia, el Colegio de Abogados de Sevilla y a la Fiscalía.
En concreto, Ramírez trasladó al juez que, desde hacía cinco meses, no había participado de las actuaciones, que no había tenido tiempo de preparar la vista y que, además, la acusada confiaba su defensa al abogado José Estanislao López, que no pudo acudir a la vista para asistirla por encontrarse de baja médica.
Tras darle el juez un plazo de tres días para que designara a un abogado de su confianza, Rivas presentó la designación como letrado de José Estanislao López, el mismo que quería que la hubiera asistido en el juicio y que no pudo acompañarla por enfermedad, pero también del abogado Juan Manuel Pérez, del mismo despacho de aquél, por si su estado de salud le impedía nuevamente defenderla.
Rivas está acusada de permanecer en el verano del 2017 un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, aunque ella mantiene que no ha cometido delito alguno, por lo que se considera exenta de responsabilidad.
La mujer ha justificado en reiteradas manifestaciones públicas y judiciales que intentó actuar para proteger a sus dos hijos frente a Arcuri, que fue condenado en el 2009 por lesionarla y al que denunció nuevamente por maltrato en julio de 2016, denuncia pendiente de resolverse por la justicia italiana, que sigue además otro procedimiento civil por la custodia de los menores.
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