El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha informado sobre la dificultad para la conservación del lobo al comisario europeo de Medio Ambiente y sobre el perjuicio para la Ganadería Extensiva y el Medio Rural que originó su inclusión en el LESPRE por decisión del Gobierno.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, trasladó a través de una videoconferencia al comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea, Virginijus Sinkevičius, y en nombre de los consejeros homólogos de Asturias, Galicia y Cantabria, aquellas razones de su rechazo a la inclusión del lobo en el LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, ya que entiende que el modelo de la gestión que se llevaba a cabo desde 2005 en estas comunidades autónomas era capaz de mantener un equilibrio entre lobo y ganadería extensiva, dando resultados en la población del lobo satisfactorios.
Estos resultados han podido verse en el norte del Duero, lugar en el que la Unión Europea permitía la caza, y ha desplazado a la población lobera hacia el sur del Duero. También le hizo llegar las «conclusiones erróneas» por parte del Gobierno de España a dicha Comisión en relación a que la evolución de la población del lobo era desfavorable en España entre los años 2013 y 2018, ya que los datos técnicos de las cuatro comunidades autónomas demuestran lo contrario y que, además, se trata de información de público conocimiento.
Suárez-Quiñones intervino representando a las cuatro comunidades autónomas que se encuentran especialmente afectadas por esta problemática, insistiendo en los argumentos técnicos, legales y científicos que han defendido ante la tesis del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, también abreviado como MITRED, responsable de la inclusión del lobo en el listado LESPRE.
Virginijus Sinkevičius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha conocido la experiencia de Castilla y León que contrasta la gestión del lobo al norte del río Duero desde hace años usando la actividad cinegética para poder controlar las poblaciones y los daños del sur Duero, donde la rigidez de esta normativa generó un conflicto que pone en riesgo la coexistencia necesaria entre la conservación del lobo y la ganadería extensiva.
Por ello, Suárez-Quiñones, aportó como datos contrastados sobre la conservación del lobo, el hecho de que la mayor densidad de lobos de España, y también una de las mayores densidades de lobo de todo el mundo, se encuentran en las reservas regionales de caza de la Sierra de la Culebra, Riaño y Fuentes Carrionas, lugares donde más de la mitad del cupo de lobos de toda Castilla y León eran cazados.
También se hizo referencia, en torno a la conservación del lobo, a la relevancia y contraste de los datos sobre aquellos ataques de lobos a la ganadería, que fueron en 2019, al norte del Duero (donde se concentra un poco más del 80% de la población y se estaban controlando los daños con la caza), 450 ataques, mientras que al sur del Duero (donde no se puede controlar los daños con la caza, con un poco menos del 20% de la población) ocurrieron 2.130 ataques. Régimen del Sur que ahora el Gobierno de España ha trasladado al Norte.
Se comunicó también al comisario europeo que, en todo este tema sobre la conservación del lobo, se ha ignorado por completo la opinión de las comunidades autónomas que gestionan esas poblaciones, al igual que la opinión de todas las organizaciones profesionales agrarias y de la inmensa mayoría de ganaderos, de los ingenieros de montes, forestales, agrónomos y veterinarios, entre otros.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente también destacó que la gestión del lobo ibérico que estaba siendo desarrollada estaba en consonancia con el marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la UE y el Convenio de Berna, los cuales reconocen la diversidad de situaciones de la especie en diferentes regiones europeas no como un problema en sí, sino como una oportunidad para poder realizar una gestión adaptada a aquellas singularidades locales.
Suárez-Quiñones, sobre la conservación del lobo, también hizo alusión al «Plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía», el cual fue elaborado en 2017 por el Parlamento Europeo, donde se recoge que «mediante enfoques flexibles que tienen en cuenta las circunstancias nacionales específicas se esté contribuyendo a la reducción y la eliminación progresiva de conflictos y problemas innecesarios surgidos entre la protección de la naturaleza y algunas actividades socioeconómicas, así como a abordar los desafíos prácticos derivados de la aplicación de los anexos de dichas directivas»
Este mismo documento también recoge «que la coexistencia entre personas y grandes carnívoros, en particular los lobos, puede tener en ciertas regiones efectos negativos para el desarrollo sostenible de los ecosistemas y de las zonas rurales habitadas, en particular en relación con la agricultura tradicional y el turismo sostenible, y para otras actividades socioeconómicas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas concretas para afrontar esas cuestiones a fin de no comprometer el desarrollo sostenible de las zonas rurales, teniendo en cuenta la flexibilidad que ofrece la Directiva relativa a los hábitats».
Es por esto que el consejero de Fomento y Medio Ambiente destacó como aquello acordado por el Gobierno de España va en dirección contraria a la iniciativa del Parlamento Europeo y, es por esto, que se genera un aumento del conflicto que precisamente, aquel plan, quería evitar.
Para finalizar, Suárez-Quiñones, quiso poner de manifiesto que la fuente de información de la Comisión Europea en relación a la población del lobo fue errónea. Esto hace referencia a un informe elevado a la Comisión por el Gobierno de España sobre el cumplimiento de la Directiva Hábitats, donde figura que la población del lobo entre 2013 y 2018 fue desfavorable. El consejero también remarcó de manera especial que dicha conclusión es completamente errónea, ya que no se corresponde en absoluto con la realidad ofrecida por los datos oficiales de población del lobo que las cuatro comunidades autónomas tienen.
Informa que estos datos sobre la conservación del lobo, nunca requeridos por el Gobierno y sin la posibilidad de que pudieran disponer de otra información diferente, ya que el último censo nacional realizado fue entre los años 2012 y 2013. Los datos que las cuatro comunidades autónomas poseen dicen que el incremento de la población es constante desde aquel último censo y que se trata de algo que el sector ganadero conoce bien y que es notorio para cualquiera conocedor del medio rural.
Es por todo esto que Suárez-Quiñones se ha comprometido ha remitir un informe completo a la Comisión Europea sobre esta situación y sobre la realidad de la evolución de la población del lobo en Castilla y León, y el resto de comunidades, completamente favorable.
Virginijus Sinkevičius, el comisario europeo, agradeció dicho encuentro y consideró que la información trasladada en referencia a la conservación del lobo fue muy interesante, reconociendo que la cuestión es interna del Estado español, y la decisión adoptada por el Gobierno fue exclusiva suya. Del mismo modo anunció que, a pesar de ser un tema interno del Estado, estaría pendiente de la evolución de la situación y de la decisión judicial que sea pronunciada al respecto, de la que ya estaba al corriente.
José Sánchez
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