Los hosteleros de toda España demandan al Gobierno para exigir ayudas por la obligación de cerrar sus locales durante el confinamiento, puesto que están en una situación crítica.
De este modo, miles de hosteleros españoles amenazan con colapsar los juzgados, puesto que consideran que lo del Gobierno es una persecución en su contra.
Tampoco ayudó que Fernando Simón hace unas semanas declarase que la hostelería lleva consigo situaciones de riesgo de transmisión del coronavirus.
Así pues, no solo vamos a seguir viendo las manifestaciones de este sector en toda España, sino que también la vía judicial será donde busquen una compensación a sus cierres.
No es posible especificar una media económica en cuanto a las pérdidas por hostelero, puesto que han decidido demandar empresarios pequeños, además de los grandes. Por lo tanto, pueden ir desde 10.000€ de un pequeño local, hasta los 3 millones de euros de un empresario que cuente con varios establecimientos.
También hay que tener en cuenta que en determinados territorios los cierres de la hostelería han sido menos duros que en otros, y eso evidentemente influye.
Según José Luis Yzuel, presidente de la Hostelería de España, anima a todos los empresarios a presentar reclamaciones patrimoniales ante el Estado y las Comunidades Autónomas.
Esto viene motivado por la decisión del Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV) de permitir la apertura de la hostelería. Cabe recordar que este tribunal, ratificó que no se ha probado que la hostelería tenga la responsabilidad de la propagación del coronavirus.
Por otro lado, esta asociación ha recurrido en otras regiones en España, de un modo similar, además de plantear un recurso a nivel nacional, presentado ante la Audiencia Nacional.
Para los hosteleros, las teorías sanitarias están causando un daño tremendo al sector, hasta el punto que hay muchas familias arruinadas en este momento.
Mientras este conflicto está más vivo que nunca y las protestas de la hostelería crecen por su terrible situación con más de 85.000 negocios cerrados. Los dirigentes autonómicos siguen valorando la situación sanitaria y aplicando las restricciones a este sector según el territorio del que son responsables.
El Gobierno de España ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas la toma de decisiones sin especificar una ruta común, más que establecer un toque de queda.
Madrid es la comunidad más permisiva con este sector, mientras que Galicia, Asturias y Andalucía defienden sus medidas actuales respecto a esta cuestión.
Pero lo más grave de la cuestión es que el Gobierno no ha concedido ayudas directas al sector, como sí han hecho otros países europeos. El Presidente Sánchez ha anunciado un plan de rescate para este sector, aunque se ha quedado en un anuncio.
Las ayudas indirectas han consistido en aplazar los pagos de cotizaciones e impuestos, aunque después tienen que abonarlos aunque hayan cerrado su negocio.
Rocío Ramos
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