La Guardia Civil destapa una trama delictiva que se dedicaba al uso de desalobradoras en el Campo de Cartagena (Murcia). Hasta ahora, investigaron a 68 personas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Además, los agentes inspeccionaron 52 fincas agrícolas y precintaron 60 plantas desalobradoras, además de 42 pozos irregulares.
Esta operación, llamada ‘Chancuatro’ está encaminada a detectar posibles causas de las afecciones medioambientales del Mar Menor.
La Guardia Civil, en la operación ‘Chancuatro’ destapó una trama delictiva que estaba dedicada a utilizar desalobradoras en la comarca del Campo de Cartagena (Murcia).
Hasta ahora, ya que la investigación aún continúa, investigaron a 68 personas por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Además, los agentes inspeccionaron 52 fincas agrícolas, y en algunas de ellas localizaron y precintaron 60 plantas desalobradoras y 42 pozos irregulares.
Las operaciones ‘Chandos’ (iniciada en 2019 con 63 personas investigadas por delitos medioambientales) y ‘Chantres’ (desde 2020 y que terminó con la investigación de 23 personas). Además, ante la sospecha de que estas actividades delictivas pudieran continuar, se inició esta investigación, chancuatro.
Los agentes consiguieron abundante documentación, entre la que está la intervenida a una importante empresa dedicada a instalaciones eléctricas y automatismos. Esta empresa tiene sede en la comarca del Campo de Cartagena, y permitió centrar la investigación en numerosas fincas agrícolas. Los agentes sospechaban que en estas fincas había desalobradoras y pozos de extracción ilegal de agua.
Cuando ya tuvieron y analizaron los indicios necesarios, la Guardia Civil inició en el mes de febrero un amplío dispositivo policial, dirigido por el SEPRONA. En dicho dispositivo participaron técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, para inspeccionar 52 fincas agrícolas.
En estas inspecciones localizaron 60 plantas desalobradoras y 42 pozos de captación de aguas con diferentes irregularidades, y procedieron a identificar a sus propietarios.
Entre las desalobradoras localizadas detectaron casos singulares por el modo de ocultación empleado para evitar su detección. Algunas de ellas estaban instaladas en zulos construidos en el subsuelo y camuflados. Otras estaban en remolques, que facilitaban el transporte hasta cualquier punto de las fincas de forma ágil.
Incluso, algunos de los pozos de extracción de agua estaban dotados con un imán que alteraba los resultados del contador volumétrico, otros ni lo tenían. Además, varios de estos, no tenían la correspondiente autorización administrativa que acredita su legalidad.
Los agentes comprobaron que se trataba de un entramado delictivo orquestado por una mercantil (tres de cuyos responsables son parte de las 68 personas investigadas) que ofrecía sus servicios a empresarios agrícolas de la comarca del Campo de Cartagena.
Ofertaban desalobradoras y productos para eliminar la salinidad del agua, y así brindar a los agricultores una forma eficaz de obtener suministro para los cultivos mediante la captación de agua de los acuíferos de la zona.
Para esto, instalaban la maquinaria, que por lo general estaba soterrada para evitar su localización. Además, gestionaban el servicio de mantenimiento y suministro de los productos necesarios para que el agua captada de los acuíferos estuviera filtrada y desprovista de sal. Una vez depurada, el rechazo (con un alto porcentaje en sal y productos químicos) iba a pozos ilegales y también vertida a través de ramblas o salmueroductos que desembocan en el Mar Menor.
La Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Segura han precintado la maquinaria objeto de la investigación y ha obtenido muestras de agua para su posterior análisis.
Los autores de este tipo de hechos pueden incurrir en un delito, recogido en el actual Código Penal, y que acarrea penas de prisión de seis meses a dos años. Además de una multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para la profesión u oficio por tiempo de uno a dos años.
En caso de que pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, aumentan las cifras hasta con pena de prisión de dos a cinco años. Incluso una multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para su profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Murcia.
Miguel Riesco
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