El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha embargado la finca de Totalán, en Málaga, donde falleció el pasado mes de enero el pequeño Julen tras caer a un pozo ilegal. El juez ha tomado esta decisión para garantizar que se cubre la fianza requerida por la jueza a David Serrano, el propietario del terreno y único procesado en la causa judicial por la muerte del niño acusado de homicidio imprudente grave.
El embargo de la propiedad se produce después de que Serrano presentase concurso de acreedores porque está en situación de insolvencia y haya afirmado que no puede hacer frente al requerimiento de la jueza -885.310 euros- en concepto de indemnización por las labores de rescate. No obstante, la magistrada señala que el valor de la finca es insuficiente para cubrir la totalidad de las responsabilidades civiles exigidas.
El abogado defensor del acusado aseguró la semana pasada que su patrocinado no podía “ni ahora ni en un futuro cumplir con una deuda que podría ascender a 1.500.000 euros, sumando los conceptos de responsabilidad civil y sanción administrativa”. El embargo de la propiedad también llega después de que el pasado septiembre se acordara la apertura del juicio oral contra David Serrano. La jueza acordó el juicio oral al concurrir indicios racionales en relación a la perpetración de un delito de homicidio por imprudencia grave.
El fiscal, en su escrito acusatorio, afirma que «Serrano era el único conocedor de la presencia del pozo” y “a sabiendas de todo ello y de la falta de protección suficiente y adecuada, no adoptó media alguna para evitar cualquier posible resultado lesivo, poniendo en peligro la vida de los dos menores; su propia hija y Julen, que finalmente cayó por él”. Debido a ello pide una pena de tres años de prisión por homicidio imprudente grave, mientras que los padres de Julen elevan su petición a tres años y seis meses de prisión al apuntar a una negligencia “extremadamente grave”.
