«Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no”. Con esa frase, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha abierto este martes un debate de gran calado sobre la violencia sexual en España.
La vicepresidenta y ministra de Igualdad ha propuesto reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acotar la interpretación de los jueces y situar como clave de los delitos sexuales la falta de consentimiento expreso de la víctima.
«Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no”
El Código Penal español ya recoge actualmente que la falta de consentimiento conlleva delito sexual. A partir de ahí, diferencia entre agresión sexual, en la que existe violencia o intimidación y que implica penas de hasta 15 años de prisión, y el delito de abuso sexual, cuando no existe violencia ni intimidación, castigado con penas de hasta 12 años. La ampliación que quiere incluir el Gobierno es que ese consentimiento sea expreso.
La vicepresidenta no avanzó cuándo ni cómo empezará el Gobierno a acometer los cambios a los que hizo referencia. Las juristas trabajarán con la comisión de codificación a la que el anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá (PP), encargó ya un informe para una posible reforma de los delitos sexuales en abril, tras las primeras protestas por la sentencia de La Manada.
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