El Estado reconoce su error en el caso del hombre que asesinó a sus hijas

El Estado reconoce su error en el caso del hombre que asesinó a sus hijas, de 6 y 2 años, en Castellón en septiembre de 2018, asumiendo su responsabilidad, por la situación de riesgo continuada, a la que estuvieron expuestas las víctimas.

Irregularidades en la protección de las menores

Nerea y Martina fueron asesinadas, tras reiteradas peticiones de ayuda por parte de su madre, Itziar Prats, a consecuencia de irregularidades provocadas por un mal funcionamiento de las administraciones, tal y como ha reconocido en resolución del Ministerio de Justicia e Interior.

El Estado asume ahora la responsabilidad patrimonial, reclamada por la madre de las víctimas, a través de su abogado Gabriel Rubio, en el que también solicitaban se reconociera el fallo global de funcionamiento del Estado, que desencadenó el asesinato de las niñas.

Responsabilidad Patrimonial del Estado

La resolución emitida por el Ministerio de la Presidencia, condena al Ministerio de Justicia e Interior a abonar una indemnización de un millón de euros, a pagar de la siguiente forma: 800.000€ a la madre y 100.000€ a cada uno de sus abuelos paternos.

A comienzos del año 2018, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Castellón inició actuaciones por violencia de género al mismo tiempo que el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón otorgaba la custodia de las niñas y régimen de visitas al padre.

Peticiones de ayuda denegadas

Más adelante Itziar tras denunciar por amenazas y violencia Vicaria ante la Policía de Castellón a su expareja, solicita la suspensión del régimen de visitas acordado, ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón temiendo por la vida de sus hijas, resultando denegadas todas sus peticiones.

Por todo esto, Pilar Llop, del Ministerio de Justicia reconoce un fallo en cadena y sistémico de las personas y servicios integrados en los dos juzgados que intervinieron tras la interposición de la denuncia : el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón, que llevaba el proceso de divorcio, y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castellón, donde se dirimieron las denuncias, que no adoptaron ninguna medida de protección, que hubieran podido evitar, el final desenlace.