Detenidos por hacerse pasar por operarios de compañías eléctricas, cincuenta y ocho personas, y otras 12 investigadas. Como presuntos responsables de 167 estafas a nivel nacional. que les reportaron más de 220.000 euros de beneficio. Contaban con la infraestructura y conocimientos necesarios para hacer creer a las víctimas que habían contraído una deuda con su empresa eléctrica. No era complicado, puesto que habían trabajado como comerciales de diferentes compañías. Las supuestas deudas por facturas impagadas oscilaban entre los 300 y los 10.000 euros, en función del tipo de comercio al que querían estafar.
Agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional colaboraron en una investigación que ha permitido desarticular a un grupo criminal asentado en las provincias de Barcelona y Castellón. Estos, se dedicaban a cometer estafas mediante el engaño a los dueños o responsables de comercios y negocios (principalmente hostelería).
Para ello tenían información privilegiada obtenida por los cabecillas de trama, ya que habían trabajado como comerciales o subagentes de empresas comercializadoras de empresas luz y/o gas. También, en el caso de otros integrantes del grupo criminal tenían los suficientes conocimientos técnicos sobre el sector.
Realizaban llamadas a los comercios y facilitaban datos reales y creíbles sobre los contratos con las diferentes compañías suministradoras de energía. Además, les convencían de la existencia de pagos sin realizar, con la consiguiente deuda con las compañías suministradoras contratadas.
Así, bajo la amenaza de un corte inminente del suministro si no abonaban la deuda, infundían el temor a sus víctimas. Ante un posible corte de luz que conllevaría la pérdida de material comestible y cancelaciones de clientes que van a hacer uso de sus servicios. De este modo, ante esta perspectiva, decidían pagar mediante transferencias bancarias a cuentas que les facilitan los estafadores.
La investigación comenzó al detectar una serie de denuncias con el mismo denominador común a lo largo de todo el territorio nacional, principalmente, de zonas turísticas de Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias.
Durante la investigación pudieron determinar que unas 167 personas eran las estafas del grupo investigado, ascendiendo el valor total de lo defraudado a más de 220.000 euros. Aunque por el momento, hay que esperar a que termine la investigación para evaluar si puede haber más víctimas.
En el periodo afectado por el COVID 19, el grupo modificó el destino de las llamadas con motivo del efecto de las restricciones para la apertura de los comercios. De este modo, detectaron numerosas llamadas a negocios de primera necesidad, tales como panaderías.
No fue fácil desarrollar la investigación, puesto que las víctimas estaban muy dispersas por todo el territorio nacional, lo que complicaba la recopilación de datos. Además, las denuncias abarcaban zonas con diferente competencia de investigación policial.
Por estos motivos se creó un Equipo Conjunto de Investigación integrado por los Grupos de Policía Judicial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
Rocío Ramos
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