La Guardia Civil investiga a cinco personas como presuntas responsables del incendio forestal declarado en Ateca (Zaragoza) el pasado mes de julio. Todo apunta a que el fuego se habría producido como consecuencia de una imprudencia durante unas labores de reforestación.
Según apunta la investigación, las llamas que se propagaron por más de 10.000 hectáreas afectando a nueve municipios y provocando el desalojo de 1.700 personas, habría tenido lugar por un uso irresponsable de maquinaría agrícola empleada durante la repoblación de una zona de monte. La hipótesis principal baraja que la pala de la retroexcavadora que trabajaba en la zona en la que se originaron las llamas se habría golpeado accidentalmente contra una piedra generando una chispa letal. Lo que demostraría una preparación y valoración del terreno inadecuada por parte de los responsables de la operación.
Una vez localizado el punto exacto en el que se inició el fuego, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Zaragoza comenzaba un intenso operativo para esclarecer los hechos. Durante el transcurso del mismo, se recopilaron en el lugar de los hechos numerosos datos e indicios que señalaban la presunta existencia de responsabilidades por parte de las personas y empresas encargadas de llevar a cabo las tareas de reforestación de la zona.
Ya se han iniciado las correspondientes diligencias sobre los cinco individuos que serán entregadas en el Juzgado de Instrucción de Calatayud y la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente por su implicación en uno de los incendios más voraces de los últimos años en Aragón y que hicieron que los vecinos de los municipios de Ateca, Bubierca, Moros, Villalengua, Terrer, Alhama de Aragón, Villarroya de la Sierra, Cetina y Embid de Ariza contuvieran la respiración durante cinco angustiosas jornadas.
Las altas temperaturas, la intensa sequía, la ausencia de precipitaciones y el incumplimiento de las recomendaciones por parte algunos trabajadores del campo están multiplicando este tipo de incidentes en los últimos meses. Por ello, la Guardia Civil insiste en extremar las precauciones al realizar actividades que puedan entrañar riesgo de incendio, ya que además del daño sufrido por el medio natural, pueden incurrir en un ilícito penal por imprudencia grave.
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