Imanol Arias y Ana Duato han sido procesados por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, dentro del caso Nummaria.
También se investiga la estructura que se habría creado en torno al despacho de abogados, para que los actores pudieran evadir impuestos. Otras 29 personas físicas y seis jurídicas, están además bajo sospecha como cooperadores necesarios para cometer delitos contra la Hacienda pública, insolvencia punible, estafa procesal, falsedad documental y organización criminal. A ambos actores se les imputa por delito contra Hacienda, mientras que Duato además esta siendo investigada por falsedad documental.
Detrás de la trama, Fernando Peña, máximo responsable del despacho Nummaria, acusado de crear una estructura de sociedades que asegurase la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes.
En el auto se recoge la intencionalidad de los integrantes del despacho afirmando, que eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas”.
Las cuotas presuntamente defraudadas en el IRPF ascenderían a 2.784.933,99 euros en el caso de Imanol y entorno a los dos millones por parte de Duato según recoge el auto.
Tras el inicio de las actuaciones de la Agencia Tributaria entre 2009 y 2010 y del arranque de la investigación judicial, el actor realizó una serie de ingresos a Hacienda que alcanzan los 2,3 millones, mientras que ella entregó más de 800.000 euros.
La pareja de Ana Duato y productor de ‘Cuéntame cómo pasó’, Miguel Ángel Bernardeau Maestro, también cliente del despacho podría haber defraudado más de 700.000 euros.
El Juez Ismael Moreno apunta a que Fernando Peña, fue auxiliado por su hijo Pedro Ángel y por sus jefes de departamento: José Luis Álvarez García, que se encargaba del área fiscal, Pedro Mena Regodon, del área contable, y Francisco Javier Gómez Gutiérrez, del área jurídica. El magistrado entiende que “Actuaban coordinadamente bajo la jefatura de Fernando Peña y con reparto entre ellos de funciones, manteniendo su ilícita actividad de forma permanente al menos desde el año 2005”.
Al margen de Arias y Duato, el juez señala que gran parte de los clientes del despacho utilizó sus servicios para evitar la tributación que les correspondía en España por la obtención de rentas de todo tipo de negocios, así como para la realización de otras actividades ilícitas. “La finalidad de las mismas era evitar la tributación por el IS de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF”, explica. Al mantenerse en muchos casos la titularidad de las sociedades oculta. Por lo que otros clientes del despacho también lograron evitar así el pago de impuestos, a través de este entramado societario del cual las autoridades tributarias eran incapaces de seguir el rastro de las operaciones o de llegar a los defraudadores.
