Inicio Cultura, sociedad y turismo Podemos lucha contra el acoso escolar en centros públicos y concertados

Podemos lucha contra el acoso escolar en centros públicos y concertados

Hace unas semanas, el Procurador del Común puso en relieve un caso de acoso escolar que se produjo en el centro concertado leonés Maristas, desde hace cuatro años, tras lo que se constató, según palabras del Procurador del Común, que “las actuaciones del centro no habían dado el resultado esperado”.

Este hecho, unido a las quejas recibidas por Podemos sobre “cobros de cuotas ilegales en colegios concertados de Castilla y León“, han sido las que han servido de aliciente para que la formación morada haya decidido presentar una Proposición No de Ley en las Cortes de Castilla y León en la que se solicitará reforzar las inspecciones educativas en los centros sostenidos con fondos públicos, especialmente concertados”, así como rescindir los conciertos con aquellos centros en los que se detecten incumplimientos de los trámites legales“.

Pablo Fernández, secretario general de Podemos en Castilla y León, ha anunciado en el día de hoy en León la PNL anteriormente explicada, así como otra que también se presentará en materia de Educación y que hará referencia a los profesores interinos de los colegios, institutos y universidades públicas de la Comunidad.

Según ha señalado el podemita, la plantilla de profesorado del curso 2017/2018 está formada por un 38’4 por ciento más de interinos que en el curso pasado, es decir, que uno de cada cinco de los docentes leoneses es interino, o lo que es lo mismo, cerca de un millar de los maestros de León se encuentran en situación de interinidad.

En el caso de las Universidades públicas de Castilla y León, el porcentaje de profesores interinos se sitúa en un 15 por ciento, a pesar de que, como ha explicado Fernández, “la Junta se comprometiera con los sindicatos a que el profesorado en dicha situación no superara el 5 por ciento”.

Es por ello que Podemos presentará en las Cortes una PNL con la que se persigue la elaboración de una oferta de empleo público extraordinaria que proponga plazas territorializadas, logrando así que las plazas de interinidad no sobrepasen el 10 por ciento.