Se pone en marcha una colaboración entre ambas instituciones con el objeto de dar cabida a los fiscales de Castilla y León en actividades de formación en temas relativos, principalmente, a la violencia de género, discapacidad, menores, protección del medio ambiente, patrimonio cultural, acoso escolar o los referentes a las agresiones frente a empleados públicos en ámbitos como sanidad o educación.
Con la firma de este documento, los fiscales no solo se benefician de la actividad formativa, también adquieren la facultad de intervenir de forma activa en la planificación de la programación anual de cursos de contenido jurídico que se desarrollen en estas materias y que sean organizados por la Consejería de la Presidencia.
De Santiago-Juárez, en representación de la Junta, y Rodríguez, como portavoz de la Fiscalía General del Estado, han acordado mantener mecanismos de coordinación con el fin de evitar que las actividades programadas por cada institución y no incluidas en el marco del convenio se interfieran mutuamente.
El convenio rubricado esta mañana recoge que será la Fiscalía de la Comunidad de Castilla y León quien determine los fiscales del territorio que puedan participar en dichas actividades formativas. Por otro lado, la determinación de los participantes por parte de la Administración autonómica será llevada a cabo por la Consejería de la Presidencia.
Junta y Fiscalía General han acordado, a su vez, crear una Comisión de seguimiento del convenio firmado hoy, integrada por dos representantes de cada organismo. Entre las funciones de esta Comisión destacan elaborar los planes o programas anuales de formación y hacer el seguimiento y evaluación del desarrollo del convenio y de los programas que se establezcan en el marco del mismo, ejerciendo las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes.
Los representantes de la Junta y de la Fiscalía General del Estado han suscrito como periodo de vigencia del convenio de formación desde la fecha de su firma, 31 de mayo de 2017, hasta el 31 de diciembre de 2017, pudiéndose prorrogar anualmente hasta un plazo máximo de cuatro años desde la firma.
En el acto celebrado en la Consejería de la Presidencia se ha hecho hincapié en que no se iniciará ninguna de las actuaciones previstas en el convenio antes de la entrada en vigor de la ley por la que se aprueben los presupuestos generales de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para 2017.
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