Castilla y León amplía hasta dos años para sus trabajadores la posibilidad del teletrabajo y reduce de un año a tres meses el período mínimo de desempeño de las funciones en el puesto de trabajo a distancia.
El Consejo de Gobierno dio luz verde el pasado jueves a un decreto por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo de los empleados públicos, que amplía su duración máxima de uno a dos años. El decreto reduce de un año a tres meses el período mínimo de desempeño de las funciones en el puesto que se pretende desarrollar en régimen de teletrabajo; y se establece el certificado de competencias digitales como un nuevo requisito.
La nueva normativa tiene como finalidades “potenciar una actuación administrativa profesional, flexible y adaptada a la coyuntura social y económica, impulsar la modernización de la organización administrativa, contribuir a la fijación de la población en el medio rural y a la sostenibilidad ambiental como consecuencia de la disminución de los desplazamientos por razón de trabajo, disminuir el riesgo de accidentes laborales, especialmente ‘in itínere’ y potenciar la conciliación de la vida familiar y laboral”.
La nueva regulación incluye, dentro de su ámbito de aplicación, al personal que presta servicios en centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud (hasta ahora excluido), si bien, dadas las características propias de la prestación de estos servicios, deberá adaptarse la regulación contenida en el decreto mediante orden del consejero de Sanidad.
Así mismo, también se podrá aplicar al personal de servicios administrativos de los centros dependientes de la Consejería de Educación, debiendo adaptarse igualmente mediante Orden del consejero de Educación.
También se incluyen como puestos no susceptibles de ser desempeñados en la modalidad de teletrabajo los de unidades con atención 24 horas, las jefaturas de servicios y los puestos cuya forma de provisión sea la libre designación con niveles 27 o superiores.
La nueva regulación establece un nuevo criterio de población y dispersión geográfica a incluir en el baremo a aplicar en el caso de que no se puedan autorizar todas las solicitudes.
