Se reitera la necesidad de financiación a la Atención a la Dependencia

El presidente de la Junta de Castilla y León ha destacado la Ley de Dependencia como un avance en el despliegue del llamado Estado del Bienestar, pero que en su desarrollo aún continúa vigente el problema de su financiación. Según ha recordado Herrera, las expectativas de la Ley eran que el 50% de la financiación pública fuera inyectado por el Estado, y el 50% restante por las Comunidades Autónomas. Sin embargo, en 2016 el esfuerzo presupuestario público en Castilla y León fue de 534 millones de euros, de los que sólo 104 millones, el 19,5%, fueron aportados por el Estado.
Por este motivo, el propio presidente de la Junta defendió el pasado mes de enero, durante la celebración de la Conferencia de Presidentes, la necesidad de que el próximo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas incluya la Atención a la Dependencia. En esta Conferencia se produjo un cierto avance, al acordarse la creación de una Comisión encargada de analizar la situación actual del sistema y determinar su sostenibilidad y financiación por parte del Estado.
Esta situación de infrafinanciación se vio agravada durante la crisis económica, lo que obligó a la Comunidad de Castilla y León a tomar decisiones como la de apostar por los servicios profesionales, que hoy suponen más del 78% de las prestaciones (12 puntos por encima de la media nacional). Esto ha venido a potenciar las virtudes del modelo de atención propio de Castilla y León, sin perjuicio de que una mejor financiación por parte del Estado permitiría adquirir un compromiso de negociación en el marco del Diálogo Social, para incrementar las cuantías de la prestación de cuidados en el entorno familiar, sin que ello suponga la pérdida de su carácter excepcional ni el abandono de la prioridad de los servicios profesionales.
Herrera también ha destacado que el actual Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia ha sido y es una de las principales prioridades del Gobierno autonómico, y constituye un ejemplo claro del llamado “autonomismo útil”. Si bien el presidente ha señalado que aún quedan muchas cosas que mejorar en su gestión y desarrollo, Castilla y León se ha convertido en un referente en la aplicación de la Ley de Dependencia en España.
Así, el último Dictamen del Observatorio de la Dependencia sitúa a Castilla y León, por décima vez consecutiva, como la Comunidad con una gestión más destacada, con una valoración global de 8,93 puntos, siendo la nota media del conjunto del país de un 4,9. Este dictamen destaca, además, tres aspectos:
En primer lugar, Castilla y León es la única Comunidad con atención plena, es decir, con una lista de espera prácticamente inexistente. El 98,5% de las personas con derecho a prestación  ya la tienen concedida, siendo menos del 72% la media nacional. En cuanto a las personas dependientes de Grado I, al 99% ya se han incorporado al Sistema, siendo menos del 45% la media nacional.
En segundo lugar, Castilla y León es la Comunidad que más beneficiarios tiene sobre el total de población potencialmente dependiente. En el último año se ha incrementado en un 16% el número de beneficiarios, hasta alcanzar los 85.142, con más de 109.000 prestaciones. Además,  más de 24.000 personas reciben dos prestaciones.
Y, en tercer lugar, Castilla y León es la Comunidad con mayor capacidad para generar empleo en torno a la Dependencia: 9,82 empleos por cada 1.000 habitantes (frente a 4,30 de media nacional). Son más de 24.000 empleos, en gran proporción empleo femenino y también vinculado al medio rural. Según esto, Castilla y León es capaz de generar 50 empleos por cada millón de euros invertido, cuando la media nacional es de 34,8. Con ello se obtiene un retorno de 41 € por cada 100 de gasto público, uno de los más elevados de España.
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