El Consejo de Cooperación Local de Castilla y León tiene entre sus principales funciones informar sobre los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general que afecten a las entidades locales de Castilla y León. Por este motivo, hoy el Gobierno autonómico ha presentado ante este organismo el Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera y la Estrategia de Eficiencia energética.
El Consejo de Cooperación Local ha conocido, en primer lugar, el Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla y León, que tiene como finalidad configurar un transporte de proximidad en el ámbito rural que facilite la accesibilidad de los habitantes a los servicios básicos y su relación con los centros urbanos de mayor entidad, para que los ciudadanos de las áreas rurales tengan las mismas oportunidades que los habitantes de las ciudades.
En este sentido, los recursos que la Administración Autonómica destine al transporte público regular interurbano de viajeros de uso general se dirigirán preferentemente a asegurar la accesibilidad universal a estos servicios en todo el territorio de la Comunidad, con independencia del lugar de residencia de los ciudadanos.
El anteproyecto regula por primera vez un catálogo de derechos de los usuarios de cuya tutela se responsabiliza a la Administración. Con ello se pretende garantizar un sistema eficiente, seguro, moderno y de calidad, aprovechando al máximo los servicios públicos.
Esta ley toma como referencia el Modelo de Ordenación del Territorio de Castilla y León, por lo que distingue el diseño de la movilidad en las áreas funcionales estables, caracterizadas por la alta concentración de población y de actividad económica, donde concurre un interés metropolitano y la necesidad de coordinación entre los distintos modos de transporte -urbano e interurbano-. Así distingue también unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, caracterizadas por la dispersión y baja densidad poblacional, donde concurre un interés de la Administración por fijar población mediante la garantía de la movilidad de las personas que residen en estas zonas, para posibilitar el acceso a los servicios básicos y la interconexión o transbordo con los transportes que acceden a las capitales o a centros urbanos de mayor entidad. Esta normativa regula también la movilidad en la red de espacios naturales promoviendo la accesibilidad a la misma y la compatibilidad con su régimen de explotación.
El anteproyecto agrupará en un solo texto todas las competencias de la Comunidad en materia de transporte de viajeros y regulará únicamente aquellos aspectos imprescindibles del transporte público que necesitan de una cobertura específica en Castilla y León, previéndose expresamente para el resto la supletoriedad de la legislación estatal. El texto legal regula aspectos propios de los servicios de transporte público de viajeros por carretera tanto interurbanos que discurran íntegramente por el territorio de la Comunidad, como urbano en autobús y taxi con especial referencia la regulación del régimen de autorizaciones y licencias para este tipo de transporte.
Asimismo, lleva a cabo un detallado desarrollo de la planificación y coordinación del transporte público entre administraciones y entre modos. Está prevista la creación de una serie de instrumentos, entre ellos, un Mapa de Ordenación de Trasportes, consorcios de transportes, planes de movilidad sostenible y áreas territoriales de prestación conjunta en materia de taxis. Una de las principales novedades es la regulación de los contratos zonales, como fórmula más adecuada para la prestación de los servicios y constituyéndose en tipo contractual de referencia en la explotación de este servicio público, propiciando que el transporte de uso especial (escolar) se preste a través del sistema concesional de transporte de uso general. Así, los contratos zonales serán la tipología preferente de contrato en la explotación de los servicios de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de uso general y emplearán como zona de referencia las Unidades básicas de ordenación y servicios del territorio. Esta medida conllevará un significativo incremento de la oferta de servicios a los ciudadanos y una mejor asignación de recursos.
Por último, la nueva norma incorpora el Transporte a la Demanda lo que supone el reconocimiento legislativo de este sistema, un referente en España, que ha demostrado su utilidad, permitiendo que los ciudadanos de las áreas rurales tengan las mismas oportunidades para acceder a los servicios que disfrutan los habitantes de las ciudades.
Digital de León