El Sindicato de Enfermería SATSE critica el nuevo modelo que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León quiere implantar en las residencias de mayores.
La nueva Ley favorecería los intereses de las empresas privadas. Y es que se eliminaría la obligatoriedad de que los centros que estén gestionados por ellas dispongan de profesionales sanitarios. Esto supone un problema, ya que recordemos que los residentes tienen un grado alto de dependencia y necesitan los cuidados de enfermeras y fisioterapeutas.
Por este motivo, SATSE Castilla y León ha elaborado y enviado una serie de alegaciones al anteproyecto de Ley de atención residencial a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. También las ha enviado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades del Gobierno autonómico y a los distintos grupos políticos en las Cortes regionales.
Desde SATSE también pretenden subir las alegaciones al Espacio de Participación de Gobierno Abierto de la Junta. El objetivo es que estén disponibles para el resto de la población.
El problema del anteproyecto es que elimina la obligatoriedad de los centros residenciales privados para contar con sanitarios como enfermeras y fisioterapeutas. Las consecuencias de esta situación serían muy negativas, ya que disminuiría la calidad de asistencia hacia los residentes. Al igual que el número de plazas en residencias públicas.
Los profesionales sanitarios son muy necesarios y el Sindicato de Enfermería alerta acerca de esto. Ellos son los que se encargan de administrar la medicación a los residentes, los que realizan las curas y los cuidados. Los trabajadores que no tienen formación ni competencias legales para ello no deben encargarse de estas tareas.
Sin embargo, la nueva normativa no va a suponer una reducción de la cuota que abonan los residentes. Tampoco cambiará el precio por plaza concertada que la Administración autonómica debe pagar a las empresas que gestionan residencias concertadas. Por tanto, lo que al final se conseguirá es un beneficio para las empresas, que no estarán obligadas a contratar a profesionales sanitarios.
Recordemos que Castilla y León es el territorio más envejecido de Europa. El 25% de la población supera los 65 años y el 9,5% los 80 años. Desde SATSE exigen a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que rectifique el anteproyecto de Ley cuanto antes.
Virginia González
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