Un juez ve ilegales las multas a conductores captados por foto-rojos

Un juez ve ilegales las multas a conductores captados por foto-rojos

- in Castilla y León

El magistrado Francisco Javier Zatarain y Valdemoro del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Valladolid, considera que las cámaras instaladas en distintos semáforos de la ciudad son irregulares.

Además, cree que la posterior tramitación del expediente administrativo que se abre para multar al conductor supuestamente infractor captado por dichos dispositivos y la notificación de la multa infringen la ley.

Anulada la sanción impuesta por un foto-rojo

Así se recoge en la sentencia número 18/2020, de 4 de febrero, en la que el magistrado estima el recurso de una conductora y anula la sanción de 200 euros que le impuso la Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana por supuestamente saltarse un semáforo en rojo y ser captada por una cámara foto-rojo.

La denunciante presentó alegaciones, pero el Ayuntamiento las desoyó y siguió adelante con el expediente sancionador.

La conductora recurrió entonces al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que le ha dado la razón, anulando la multa y reprendido al Consistorio, al que además condena a pagar las costas del procedimiento, por su proceder irregular y por su reiteración en el mismo a pesar de la existencia de otras sentencias previas en las que ya se le advertía de su actuación ilegal.

No hay ningún cartel que informe de su ubicación

En su sentencia, el magistrado considera que el Ayuntamiento “vulnera consciente y deliberadamente” la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública porque no notificó la denuncia a la conductora.

Zatarain y Valdemoro duda además de la calidad de las imágenes del vehículo obtenidas por la cámara, que califica de “sorprendentes”, y cree que las cámaras incumplen la ley porque no hay ningún cartel que informe de su ubicación.

El magistrado también mantiene que las fotos obtenidas con dichos dispositivos no tienen valor probatorio porque no están sometidas a ningún control metrológico y sostiene que los expedientes sancionadores son vagos, imprecisos y estandarizados, así como que la respuesta a las alegaciones de los denunciados son igualmente inconcretas.

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