El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado recientemente que la Junta pondrá en marcha próximamente una línea de protección destinada a los propietarios de viviendas para hacer frente a la ocupación ilegal.
Durante un acto de la campaña electoral del Partido Popular en Soria, Suárez-Quiñones expresó su desacuerdo con la ley de vivienda aprobada por el Gobierno central. Según el consejero, esta legislación promueve la ocupación, desprotege a los propietarios y permite la expropiación de viviendas. El político subrayó la importancia de apoyar a aquellos propietarios que han trabajado duro y ahorrado durante toda su vida para adquirir una vivienda.
Suárez-Quiñones destacó que la Junta de Castilla y León está totalmente en contra de la mencionada ley de vivienda, que fue presentada por Bildu y los independentistas catalanes. El consejero criticó duramente a Bildu, recordando que el partido incluye en sus filas a exmiembros de ETA condenados por asesinato. Además, enfatizó que es inaceptable que se establezcan acuerdos políticos con un grupo que ha causado tanto dolor y sufrimiento en España.
El consejero expresó su preocupación por estar en manos de un Gobierno que permite este tipo de situaciones y solicitó que se ponga fin inmediatamente a las relaciones con Bildu. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de preservar la memoria de las víctimas del terrorismo y la dignidad de Castilla y León.
Por otro lado, Suárez-Quiñones resaltó la labor de la Junta en materia de vivienda, mencionando el aval que han proporcionado para ayudar a los jóvenes en la adquisición de viviendas. Además, hizo mención a las ayudas puntuales que la Junta brinda a aquellos que solicitan apoyo para el alquiler de viviendas y cumplen con los requisitos establecidos. En contraste, criticó la política del bono joven del Partido Socialista, afirmando que ha dejado fuera al 75% de los jóvenes en Castilla y León.
El Partido Popular en Castilla y León destaca su compromiso en garantizar la protección de los propietarios de viviendas y promover políticas de vivienda que fomenten la adquisición y el alquiler de viviendas, ofreciendo ayudas accesibles a todos los ciudadanos.
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