La llegada de mascotas acompañadas por sus dueños que huyen desde Ucrania, han movilizado a la comunidad veterinaria ante el posible descontrol
Cada año los veterinarios de Castilla y León recomiendan vacunar a nuestras mascotas contra la rabia, obligatoria en Castilla y León. La alarma se ha activado con la llegada de animales de compañía que huyen con sus dueños de la guerra de Ucrania, el país de Europa donde esta enfermedad está más presente.
Desde la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios apuntan que el plan de vacunación está generando un problema de gestión ya que “la mayoría de las Comunidades Autónomas están comprometiendo, literalmente, a los centros sanitarios veterinarios privados (CSV), convirtiéndolos en responsables al volcar todo el trabajo efectivo de atender a los animales (identificación, vacunación, extracción de muestras de sangre, envíos a los laboratorios, incluso induciendo, en algunos casos, la realización de la cuarentena contemplada de 3 meses en sus instalaciones)”.
La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) apunta que su deber como agentes sociales del ámbito de la salud es también velar por la protección y mejora de la salud pública comunitaria, incluyendo en ella, la salud laboral de sus facultativos y el resto de los trabajadores del sector.
Esta situación «crea a los centros sanitarios veterinarios un inmenso problema de gestión de riesgos laborales y de responsabilidad civil y penal en caso de aparición de un caso positivo de rabia, enfermedad con un 100 % de mortalidad en animales y personas», denuncian.
Veterinarios de Castilla y León acudirán voluntariamente a realizar revisiones gratuitas a los perros y gatos, que han llegado hasta la Comunidad debido a la guerra en Ucrania. El colegio profesional ha realizado un llamamiento a los ciudadanos procedentes de Ucrania para que lleven a sus animales evitando así que las enfermedades se propaguen. Ha pedido a las personas que va dirigida esta campaña que acuden con sus mascotas hasta los servicios veterinarios oficiales de la Consejería de Agricultura, donde serán informados del protocolo que deben seguir.
Mensaje a Sanidad
Por su parte, CCOO ha enviado una pregunta con carácter de urgencia al Ministerio de Sanidad para ver si toman cartas en el asunto ante tan delicado escenario, al considerarlo una cuestión de salud laboral y salud pública. A la vez y con intención de remarcar su necesidad y urgencia, ha enviado una circular a sus delegaciones territoriales para que sigan la misma línea y eleven la pregunta a sus correspondientes interlocutores públicos autonómicos en materia de Sanidad.
En este sentido, los agentes sociales exigen a las comunidades autónomas que asuman su responsabilidad y que sean los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública los que lleven a cabo preferentemente todas las medidas de control sanitario frente a este riesgo sanitario, desde la identificación, vacunación, toma de muestras y envío al laboratorio, desparasitación con tenicidas, hasta la realización de las correspondientes encuestas epidemiológicas, y en el caso de que soliciten colaboración a los veterinarios clínicos privados, les faciliten las instalaciones y medios necesarios para que los facultativos veterinarios puedan desarrollar su labor en un entorno seguro y con todas las garantías para la máxima protección de la salud pública comunitaria.
“Actuando de este modo se evita, entre otras cosas, la mezcla innecesaria que podría darse en las recepciones de los CSV entre los animales nacionales y sus dueños, y los procedentes de Ucrania que todavía no hayan pasado la cuarentena correspondiente, siendo una medida muy lógica y económica de disminución del grave riesgo para la salud pública de una posible transmisión y de todas las medidas posteriores para manejar un brote”, indican desde CEVE.
Además, afirman que “la mayoría de veterinarios sigue desconociendo el qué, el cómo y el dónde hay que notificar los casos de los que sean conocedores, por tanto, se exige con urgencia que se les transmita el contacto directo del organismo sanitario autonómico designado para ello, ya que este procedimiento es el único al que se les obliga en el protocolo y es lo que impide, por el momento, el poder cumplirlo”.
