La Ley del Juego aumenta a de 100 a 150 metros la distancia con centros educativos y exige un registro de visitantes a los locales
El Congreso aprueba en comisión la reforma de la Ley de Juego, que refuerza el control del fraude en apuestas deportivas
El anteproyecto de la ley del juego y las apuestas de Castilla y León que va a aprobar la Junta ha sido recibido con tibieza por asociaciones de ludopatía como Asaljar (Salamanca), que considera que la norma contiene buenas intenciones, pero poco realistas, además de establecer reglas que son consideradas insuficientes para prevenir la adicción al juego.
El Registro de Juegos y Apuestas de Castilla y León contará con un apartado específico en el que constarán las personas con limitación individualizada de acceso y práctica a juego y apuestas y que podrá estar interconectado con el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego de ámbito estatal y con los registros de otras comunidades.“Si mi negocio es vender juego y a la vez debo controlarlo, los locales no van a fastidiar su negocio”, denuncia Asaljar
Una de las novedades de la ley consiste en un aumento de la distancia de los locales con el área de influencia d e los centros educativos. En lugar de los 100 metros que se piden ahora, el mínimo se eleva a 150 metros. También establece que no puede haber establecimientos de apuestas o juego a menos de 300 metros entre ellos, independientemente del tipo que sean.
La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha aprobado este lunes, con competencia legislativa plena, el dictamen del proyecto por el que se modifica la Ley 13/2011 de regulación del juego, que, entre otras medidas, refuerza el control sobre la manipulación de competiciones deportivas y el fraude en las apuestas.
El texto ha recibido el visto bueno de todos los grupos de la Comisión, a excepción del Partido Popular y Vox que se han abstenido en la votación del dictamen del proyecto de ley.
En este trámite, se han añadido una serie de enmiendas transaccionales entre en PNV, el PSOE y Unidas Podemos. La primera de ellas, pactada entre los nacionalistas vascos y los socios de gobierno, establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de policía autonómica tendrán la condición de cesionarios de los datos personales que les sean facilitados por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) a través del Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas.
Así, la cesión de datos se regulará a través del oportuno acuerdo entre el responsable del tratamiento y el órgano competente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, el órgano competente del cuerpo policial autonómico y los tratamientos que estas realicen quedarán sujetos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021 de 26 de mayo. El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha argumentado que «en las comunidades autónomas que son competentes en la materia esto ya está regularizado».
Desde el Grupo Popular, la parlamentaria Elena Castillo ha indicado que su grupo está de acuerdo en reforzar las funciones de la Dirección General de Ordenación del Juego «en la evaluación de la eficacia de las medidas sobre juego seguro responsable desarrollada por los operadores y dirigidas a los grupos de jugadores en riesgo» o «en dotar de rango de ley las funciones de prevención y lucha contra el fraude y el amaño de los partidos».
No obstante, la diputada cree que la modificación es «incompleta» y ha presentado una enmienda sobre la aprobación de un plan que fije criterios homogéneos en materias como la prevención y defensa de los consumidores y usuarios en el sector del juego, la armonización de criterios en cuestiones de competencia, así como en la publicidad. El PSOE ha rechazado dicha propuesta es una «clara y evidente invasión de competencial»
En su intervención, la diputada del PSOE ha defendido que esta ley es un «avance» que va a beneficiar a los ciudadanos y las ciudadanas, «especialmente en aquellas franjas de edad que se ha demostrado de estadísticamente que son más vulnerables a los efectos nocivos del juego patológico». Así, ha agradecido el trabajo de los grupos que han querido aportar.
En cuanto al régimen fiscal, la diputada mencionó que un nuevo impuesto sobre el juego gravará estas actividades. Igualmente, la ley creará un régimen fiscal específico para las actividades objeto de regulación que “gravará la autorización, celebración y organización de las diferentes actividades de juego que puedan explotar los operadores habilitados, con la excepción ya mencionada de la actividad de juegos de la lotería, que no estará sujeto al nuevo impuesto sobre actividades del juegos, la totalidad de los ingresos que se recauden por la actividad del juego online se destinarán a las Comunidades Autónomas”.
Desde Unidas Podemos, Laura López ha celebrado la tramitación de esta ley por «la referencia específica a los grupos de jugadores del riesgo» y porque viene a «actualizar» la normativa reguladora de la Unidad Central de Juegos de los operadores para «reforzar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por parte de los participantes de enfrente de las operadoras», entre otras cuestiones.
El diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas ha declarado que en su partido defiende que «la autonomía del individuo es uno de los grandes principios a proteger y promover desde las instituciones». «En el ámbito del juego creemos que es también necesario.
En lugar de prohibir y coartar, preferimos que se adopten las medidas que tengan más que ver con incentivos, desincentivos y promover la información adecuada sobre riesgos y oportunidades de cada decisión, de forma que luego los individuos sean los que tengan el poder de elegir libremente», ha destacado.
Fraude en el deporte
En la reforma de la ley se ha incluido una disposición adicional al texto original relativa al Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA). En ella, se establece que, para impedir que se obstaculicen las investigaciones de este servicio, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) «restringirá los derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición y portabilidad respecto al tratamiento de datos en el Servicio».
Con esta formalización del SIGMA, se pretende dar una respuesta técnica, coordinada e integral frente a este tipo de prácticas fraudulentas, las cuales, pueden derivar en procedimientos administrativos o penales.
SIGMA es un instrumento técnico que se constituye como una red de cooperación interactiva gestionada por la DGOJ y accesible por vía telemática para las entidades participantes que se hayan adherido a dicho servicio. Entre ellas, destacan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales y los operadores de juego con título habilitante.
Mediante este instrumento, se recopilará la información que cualquier entidad participante pueda transmitir sobre posibles fraudes o amaños relacionados con las apuestas deportivas que sean de su conocimiento. El objetivo es que el resto de miembros del sistema tenga constancia de esa información, mediante un acceso limitado a la misma, y pueda utilizarla para comprobar las implicaciones del posible fraude cometido en su específico ámbito de actuación.
Por su parte, PSOE y Unidas Podemos han aprovechado la reforma de esta ley del juego, a través de una serie de enmiendas, para reforzar la capacidad sancionadora del Estado ante fraudes o abusos a consumidores producidos por empresas. Entre otras cuestiones será el empresario el que deba probar su inocencia en relación con posibles infracciones por su parte.
En este sentido, la diputada del PP Carmen Riolobos ha criticado que 47 millones de consumidores «en este momento están absolutamente desprotegidos» después de la regulación y modificación del régimen sancionador que ha hecho el Ministerio de Consumo.
«Lo que ha hecho el Gobierno socialista comunista ha sido, acuñando la técnica de la morcilla, intentar, a través de la Ley del juego que no tiene nada que ver, incluir cinco enmiendas para mejorar una chapuza inaceptable», ha afirmado, mientras que su compañera Elena Castillo lo ha calificado de «chapuza».
La Junta exigirá que los locales dispongan, en cada una de las puertas de entrada al establecimiento, además de un servicio de control de acceso, de un registro de visitantes, una medida sobre todo vinculada a impedir la entrada de menores de edad.
