La magistrada mantiene la prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres investigados, a pesar de la opinión de la Fiscalía, favorable a su puesta en libertad, porque entiende que no han variado las circunstancias por las que se ordenó dicha medida en diciembre, especialmente para proteger a la menor denunciante.
La petición incluía una serie de medidas como la prohibición de que los tres acusados puedan acercase a la menor y tener cualquier tipo de contacto con ella, así como imponer la obligación de comparecer los días quince de cada mas y retirarles el pasaporte.
La jueza ha argumentado que «siguen concurriendo los mismos indicios de criminalidad». Además, considera insuficientes las medidas de alejamiento propuestas por el Ministerio Fiscal por «la gran repercusión tanto social como mediática, no sólo a nivel local, de los hechos que se investigan y que ha hecho que la denunciante vea totalmente alterada su vida personal, social, escolar y familiar».