La Junta niega ayudas para los abogados que se ven paralizados

La Junta niega ayudas para los abogados que se ven paralizados.

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León lamenta que la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP y Ciudadanos, no incluya a los abogados en los préstamos del Instituto para la Competitividad de CyL.

Al mismo tiempo, el PP presenta una moción en el Senado para exigir al PSOE que extienda las ayudas nacionales para autónomos a abogados y procuradores.

El presidente del CACYL, Julio S. Orejudo, remitió al consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, que no deje fuera a los profesionales mutualistas, pero todavía no ha obtenido respuesta.

“No tiene sentido desoír nuestras peticiones y que el mismo partido político actúe de manera contraría en el Senado”, dice Sanz Orejudo.

Asimismo representa a un colectivo de más de 5.000 abogados que han parado su actividad a causa de la crisis COVID-19.

Abogacía desamparada

Desde el CACYL muestran su rechazo a que el Gobierno de Castilla y León actúe dejando en “desamparo” a los abogados de la Comunidad que presiden.

“Los gobiernos populares de Andalucía y de Madrid han atendido la solicitud de la abogacía y han incluido a los mutualistas, pero en Castilla y León nos han discriminado”.

“Pero lo que ya clama al cielo es que el portavoz del PP en el Senado, y senador por designación de las Cortes de Castilla y León, Javier Maroto, firme una moción para que se apruebe la extensión de las ayudas del actual Gobierno socialista a los mutualistas. No tiene sentido”. 

En concreto, la Abogacía de Castilla y León que no se deje fuera de esta medida a los letrados que también necesitan de una inyección de liquidez para sostener sus actividades dañadas y paralizadas por la crisis sanitaria.

«Al igual que profesionales como la procura, graduados sociales, médicos o arquitectos, que se encuentran incluidos en Régimen de Mutualistas”, explica el presidente del CACYL.

Abogados paralizados

Las necesidades de financiación y de subvención públicas para la prestación de servicios por parte de los profesionales de la abogacía es una realidad en los duros momentos actuales.

Las ayudas solicitadas permitirán paliar los efectos de modo equitativo a las medidas específicas para los trabajadores del RETA.

Un trato acorde a la situación excepcional provocada por el agente patógeno, ajena al curso normal de la economía y que obedece al interés general.