Se ha puesto en marcha la convocatoria de subvenciones para la restauración y conservación del patrimonio, tanto para los ayuntamientos como para los titulares de inmuebles. Estas ayudas, publicadas en el Bocyl el pasado 29 de marzo, están dirigidas a zonas rurales y a pequeños conjuntos históricos con población inferior a 20.000 habitantes.
La novedad en la convocatoria de 2017 se refiere, en el caso de las entidades locales, que la cuantía máxima por beneficiario asciende a 50.000 euros, frente a los 30.000 euros de la anterior. Además, la tramitación electrónica será obligatoria para las personas jurídicas. Por otro lado, esta ayuda será compatible en las dos líneas con cualquier otra que se reciba, siempre que el importe subvencionado no supere el coste total de la actuación.
Solicitantes de las ayudas
A estas subvenciones pueden optar tanto los particulares como las entidades locales. Dentro de los particulares, pueden solicitar estas ayudas, las personas físicas, las personas jurídicas privadas sin fines de lucro o las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin fines de lucro, las comunidades de propietarios, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado aunque carezcan de personalidad jurídica. Por su parte, pueden acceder a estas ayudas las entidades locales que tengan una población inferior a 20.000 habitantes. Deben cumplir, además, una serie de requisitos específicos que se indican en la orden publicada en el BOCyL, donde también aparecen las actuaciones objeto de la subvención.
Las actividades que resulten subvencionadas deberán haberse ejecutado en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, ambos inclusive. La cuantía destinada en esta convocatoria de subvenciones asciende al 50 % del gasto subvencionable, sin que pueda superarse la cuantía de 30.000 euros por beneficiario en caso de particulares. Por su parte, las cuantías para las entidades locales, ascienden al 50 % del gasto subvencionable, sin que pueda superarse la cuantía de 50.000 euros por beneficiario.
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