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Una mujer colabora con un clan familiar defraudando 200.000€ a la Seguridad Social

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 9 de noviembre a A.D.R. de 53 años, como presunta autora de los delitos de fraude a la Seguridad Social y falsedad documental.

A finales de marzo y dentro de la denominada “Operación Milano”, llevada a cabo en el marco del Plan de Lucha contra el Fraude a la Seguridad Social y el Empleo Irregular los investigadores desarticularon, en la localidad de Nava del Rey, Valladolid, un clan familiar dedicado desde el año 2010, a defraudar tanto a la Seguridad Social como al Servicio Público de Empleo.

El modus operandi de estas personas consistía en crear empresas, ayudándose de terceras personas bien familiares o bien propios trabajadores, quienes figuran como titulares pero únicamente en el papel (testaferros).

Tras diversas pesquisas los agentes, localizaron y detuvieron a una persona familiarizada con los trámites burocráticos, con amplia formación en ese terreno, ya que dirigía una gestoría y que era una pieza fundamental en el grupo.

A.D.R. tuvo conocimiento desde el inicio de los movimientos que se realizaban, ya que fue gestora de las empresas fraudulentas desde la primera a la última, elaborando contratos, facturas, altas y bajas de trabajadores y autónomos. Los contratos eran verbales y los pagos efectuados por sus servicios se realizaban en efectivo, sin ser emitida factura alguna.

Ninguna de las empresas que creaba abonaba cuota alguna por las altas de trabajadores, ni por el pago de tasa como autónomos, por lo que van generando una deuda importante ante la Tesorería General de la Seguridad Social, obteniendo paralelamente un beneficio económico muy elevado al apoderarse del dinero integro que perciben de los agricultores que los contrataban, ya que no hacían frente a impuestos, tasas u obligación tributaria alguna.

El total de empresas que creó este clan fueron cinco, a través de las cuales lograron defraudar a la Tesorería General de la Seguridad Social un total de 192.499,58 euros y percibieron prestaciones económicas del Servicio Público de Empleo (SEPE) por importe final de 99.196,89 euros.