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La Junta eleva a rango de Ley la Red de Protección

Alicia ha señalado que con la aprobación de esta norma se da "estabilidad" a la Red que abandona la coletilla de "crisis", motivo por el que se creó en 2013.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Proyecto de Ley que da “estabilidad” la Red de Protección a través de la que se amplía los beneficiarios para atender situaciones de vulnerabilidad económica y social y por la que se crean cuatro nuevos derechos de atención subjetivos.

La consejera de Familia y Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Alicia García, ha explicado este proyecto que se envía ahora a las Cortes para su tramitación parlamentaria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno junto a la portavoz del Ejecutivo, Milagros Marcos.

Alicia ha señalado que con la aprobación de esta norma se da “estabilidad” a la Red que abandona la coletilla de “crisis”, motivo por el que se creó en 2013. Así, en cuanto a los nuevos derechos la norma introduce el servicio integral ante situaciones de desahucio, las prestaciones económicas para hacer frente a deudas hipotecarias y de alquiler y el servicio para garantizar la alimentación.

Junto a esto, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha publicado el ‘Mapa de recursos de la Red de Protección’, que ordena los servicios y prestaciones de las entidades públicas y privadas miembros de la Red destinados a las personas en riesgo o en situación de exclusión, lo que posibilitará sistematizar el intercambio de información entre los profesionales y contribuirá a una mejor planificación para la atención.

García ha destacado que la Red se ha convertido en una herramienta “eficaz” para la atención ordinaria a las personas vulnerables y ha reseñado que Familia e Igualdad de Oportunidades destinó a la misma el pasado año 190 millones de euros para atender a unas 190.000 personas y, en 2018, el presupuesto se eleva hasta los 206,7 millones de euros.

García ha insistido en que el anteproyecto de Ley va dotar a la Red de Protección de un carácter “estable y permanente”, ya que integra hasta 11 prestaciones y recursos más, y crea los cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito de la protección social.

MÁS BENEFICIARIOS

A través de esta normativa la Red amplía su apoyo y atención ya que, además de atender a las personas en situaciones de vulnerabilidad económica o social atenderá también a aquellas que se encuentren en situación de desamparo personal y que requieran una actuación inmediata, como las víctimas de violencia de género, los menores desprotegidos o las personas mayores incapacitadas y en desamparo.

Con la Ley, cuatro prestaciones más pasarán a ser derechos subjetivos para los ciudadanos: el Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, el servicio de provisión inmediata de alimentación, la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria y la prestación económica para alquiler de vivienda habitual.

Por último, la Ley también regulará las medidas que sin formar parte de la Red, la apoyan para conseguir la inclusión social de las personas. Aquí destacan el Fondo de Solidaridad, los planes de inserción socio-laboral, los acuerdos con operadores de servicios energéticos y los suministros básicos para garantizar el suministro de este tipo de servicios luchando contra la pobreza energética, los acuerdos con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en materia de procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria o de desahucio o los acuerdos con entidades locales para mejorar la atención especialmente en vivienda, suministros energéticos y desarrollo de itinerarios profesionales.

MAPA DE RECURSOS DE LA RED DE PROTECCIÓN

En este contexto, se configura como un apoyo importante para el funcionamiento de esta ‘Red de Protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social y económica de Castilla y León’ el ‘Mapa de recursos de la Red de Protección’, que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pone desde hoy a disposición de todos los profesionales de los Servicios Sociales de la Comunidad a través de la web de la Administración autonómica en el apartado correspondiente a la Red de Protección.

La intervención en red para la atención integral a las personas en riesgo o situación de exclusión requiere compartir información entre profesionales y recursos de diversa naturaleza y titularidad, poniéndolos al servicio de un plan individual de atención. De esta forma, gracias al Mapa de recursos de la Red, se unifican los recursos del sector público y del privado destinados a las personas en riesgo o situación de exclusión; se dispone de una relación ordenada de las prestaciones, servicios y actuaciones que ofrece la Red; se cuenta con una visión general del número de recursos de la Red y de su distribución en el territorio para una mejor planificación, intercambio de información y atención.

El mapa se configura en dispositivos, que son unidades funcionales de atención de la Red de protección, que incluyen tanto a los profesionales como al conjunto de los servicios y prestaciones que ofrecen. Estos dispositivos se agrupan en cinco clases, en función de la tipología de prestaciones y servicios que ofrecen y del rol profesional que desempeñan en la Red, como agentes o colaboradores.

En este sentido, se incluyen en primer lugar dispositivos para la atención de primer nivel, orientación y seguimiento, donde se incluyen las unidades de información de la Gerencia de Servicios Sociales, los equipos de acción social básica de los CEAS o los equipos de acogida y atención de primer nivel del tercer sector; la segunda clase de dispositivos son los equipos de apoyo técnico personal y familiar para la inclusión social; la tercera clase los recursos son los de alojamiento para la inclusión; los cuartos serían los recursos para el empleo y el quinto grupo serían los dispositivos para la atención de las necesidades básicas.

El Mapa actual dispone de 567 dispositivos distribuidos por las nueve provincias de la Comunidad desde los que se ofertan 23 prestaciones y recursos, que se verán ampliados a 34 una vez que las Cortes aprueben la nueva Ley, ya que este proyecto de Ley refleja 11 servicios y prestaciones más que los 23 con los que se inició la Red.