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La nueva categoría jurídica de “transporte rural” que propone el PSOE garantizará este servicio en los más de mil pueblos de León

El portavoz de Fomento, Tino Rodríguez, cree “fundamental” que la Junta presente una ley que recoja las propuestas socialistas aprobadas por unanimidad en las Cortes.

En la presente legislatura, las Cortes de Castilla y León tienen que debatir y aprobar, a propuesta de la Junta, la Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de la comunidad autónoma, un marco legal que debe regular el futuro servicio en los más de mil pueblos que conforman la provincia de León.

Tino Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Fomento, considera que esta nueva norma tiene “un enorme calado” y cree que de su resultado depende, en gran medida, el futuro de muchos pueblos. Atendiendo a esta premisa, y con el fin de reforzar las propuestas socialistas, Tino Rodríguez ha mantenido una reunión de trabajo con José Pellitero, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de León y secretario de Política Municipal del PSL-PSOE, y Gloria Acevedo, procuradora socialista por la comarca del Bierzo, en la que han profundizado en la necesidad de recabar enmiendas “en cada pueblo”, una vez sea registrada la ley en las Cortes para su debate y posterior votación.

TRANSPORTE RURAL”, CATEGORÍA JURÍDICA NUEVA

Los socialistas consideran, con datos en la mano, que el transporte a la demanda no está dando los resultados esperados. Tal como recoge la respuesta oficial que desde la Junta ha emitido ante la pregunta formulada por el procurador leonés Tino Rodríguez, la provincia de León ha perdido más de 20.000 usuarios desde el año 2012, de los casi 100.000 que se han perdido en el conjunto de la comunidad. “Es un hecho que evidencia que este formato de transporte no se adapta a la realidad que viven actualmente nuestros pueblos”, expresa Rodríguez.

El procurador socialista denuncia que el actual transporte a la demanda tiene un horario rígido que, en muchos casos, no encaja con los días en los que, por ejemplo, se hacen las analíticas en los centros de salud de las cabeceras municipales o comarcales, dándose casos en los que el transporte a la demanda está totalmente desajustado con las líneas de transportes regulares que conectan las distintas zonas de la provincia.

Rodríguez defiende que, atendiendo a estos datos, hay que dejar atrás la figura de un “transporte a la demanda rígido” y avanzar hacia un “transporte rural a la carta” que se amolde a las verdaderas necesidades de los habitantes que viven en los pueblos de León. El también pedáneo de San Emiliano de Babia cree que esta nueva categoría, además de ser una herramienta útil para fomentar el asentamiento de población en el medio rural, favorecerá a los autónomos y Pymes del transporte del medio rural leonés, ya que son los mejor posicionaros para prestar un servicio a la carta que debe ser financiado por la Administración autonómica.

Los socialistas consiguieron recientemente el apoyo unánime de las Cortes para instar a la Junta de Castilla y León a reconocer en la futura Ley de Transportes la categoría jurídica nueva de “transporte rural”, imponiendo para ello por ley a la Administración la obligación de prestar el servicio público de transporte a todos los núcleos rurales de Castilla y León, incluso cuando haya agotado todos los procedimientos previstos por la normativa de transportes. Para ello la Junta deberá adoptar todas las medidas precisas para cubrir las necesidades de desplazamiento de los castellanos y leoneses que viven en el medio rural e identificarlos en el correspondiente mapa de transportes. “Ahora estamos a la espera de que el proyecto de ley que la Consejería de Fomento registre en las Cortes para su debate y votación cumpla con lo aprobado”, informa Tino Rodríguez.

OTRAS PROPUESTAS SOCIALISTAS APROBADA EN LAS CORTES

En la misma línea, la propuesta aprobada insta a la Junta de Castilla y León a fomentar el consenso y la participación de todos los actores implicados, impulsar en un espacio breve y limitado en el tiempo el desarrollo de planes de movilidad sostenible en Castilla y León, así como al desarrollo de un mapa de transportes que detalle rutas y frecuencias, obligaciones de servicio público, estándares de calidad, modelo de gestión/prestación del servicio, delimitación territorial de cada contrato, régimen tarifario, etc., que sea absolutamente transparente para Administración, concesionarios y usuarios, blindando de esta manera mediante el citado instrumento de planificación el contenido de la ley.