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Hacienda reforzará este año el control sobre las criptomonedas, las ventas por Internet y los ‘freelance’

Bitcoin

La Agencia Tributaria (AEAT) reforzará este año el control sobre los nuevos modelos de negocio por Internet y sobre los nuevos modelos de pago como monederos electrónicos, y vigilará el uso de las criptomonedas como el bitcoin, según el Plan de Control Tributario 2018 publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el organismo tributario afirma que “la utilización por el crimen organizado de la Internet profunda, o ‘deep web’, para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas tipo bitcoin o similar como medios de pago, es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad”. Para “afrontar esta amenaza”, la Agencia Tributaria indica que se potenciará el uso por las unidades de investigación de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes y se estudiará la “incidencia fiscal” de estas nuevas tecnologías, como el ‘blockchain’ y, en especial, las criptomonedas.

Asimismo, de forma similar a como se han desarrollado modos de economía digital en los sectores de alquiler o en el transporte, asegura que progresan en la actualidad nuevos modos de prestación de servicios profesionales, englobados en la ‘gig economy’, que son relaciones laborales de corto plazo o trabajo de ‘freelance’.

La Agencia Tributaria está dispuesta a vigilar estas actividades para evitar “prácticas discriminatorias” contra las formas de trabajo estable, en las que el trabajador goza de la debida protección. También seguirá reforzando el control sobre el comercio electrónico y, especialmente, sobre aquellas empresas que sustituyen al vendedor tradicional en el almacenamiento y entrega de los productos, ya que han surgido nuevas actividades como la “triangulación de envíos”, en la que las ventas realizadas por una empresa son entregadas por otras y “tiendas de tiendas” instaladas en páginas web.

Actuaciones de control sobre aquellos fabricantes o prestadores de servicios que comercialicen sus bienes o servicios a través de Internet también serán llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, que desarrollará nuevos modelos de detección del fraude basados en el análisis de redes mediante técnicas de ‘Big Data’.

La cuantía de los pagos con tarjeta, añade, ha superado el volumen de retirada de dinero en metálico en cajeros automáticos y se ha acelerado el uso de monederos electrónicos y sistemas de transferencias instantáneas, por lo que la Agencia Tributaria estrechará el cerco sobre estos nuevos modelos de pago.

Al mismo tiempo, impulsará la lucha contra el fraude y el control del patrimonio exterior con dos nuevas fuentes de información para luchar contra el fraude –el Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA y los datos de cuentas financieras procedentes de decenas de jurisdicciones a través del proyecto CRS de la OCDE–, que facilitarán el control de actividades empresariales y profesionales ocultas. También intensificará el control de los grandes deudores y seguirá priorizando la investigación en Internet y el control de los nuevos modelos de actividad económica.

En concreto, la información del CRS resultará de especial utilidad para la detección de rentas y bienes ocultos en el extranjero por parte de grandes patrimonios, ámbito de control en el cual ya se han iniciado inspecciones vinculadas con la nueva herramienta informática de selección de contribuyentes creada el pasado año para analizar el valor del patrimonio real de personas físicas titulares de patrimonios significativos y para mejorar la definición de sus riesgos fiscales asociados.

No obstante, a pesar de las inspecciones, a lo largo de 2018 se reforzará el control a partir de más de medio centenar de riesgos fiscales predefinidos mediante la nueva herramienta de selección y enfocados a supuestos que presenten importantes rasgos de opacidad o deslocalización.

Asimismo, la actividad investigadora seguirá resultando esencial para la detección de rentas y patrimonios ocultos en paraísos fiscales o territorios con restricciones en el intercambio de información, y para la localización de bienes y derechos en España en supuestos de simulación de residencia fiscal en el extranjero.