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Reconocida por primera vez como accidente laboral la baja de una profesora que sufrió acoso de alumnos

El propio médico de Atención Primaria de la sanidad pública determinó que la reclamante presentaba problemas laborales con miedo a regresar a su puesto de trabajo.

 

El Juzgado de lo Social número 1 de Palencia ha dictado una sentencia en la que reconoce a una profesora de un instituto de Peñafiel (Valladolid) que la baja laboral que sufrió durante varios meses se debe al acoso por parte de varios alumnos y lo considera, por tanto, accidente de trabajo. La sentencia no es firme y contra la ella cabe recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La resolución judicial da por probado que la profesora, que había demandado a la Seguridad Social, a la Consejería de Educación e Ibermutuamur, fue víctima de acoso por parte de varios alumnos del centro escolar de dicha localidad vallisoletana y confirma que la autoridad educativa impuso varias sanciones de expulsión y que la profesora llegó a acudir a la Guardia Civil de Palencia para denunciar a uno de sus alumnos menor de edad, teniendo que intervenir al respecto la Fiscalía de Menores.

El menor reconoció su comportamiento conflictivo desde antes de cumplir los 14 años. Además, el 9 de enero de este año la profesora inició una baja laboral por enfermedad común con el diagnóstico de «ansiedad» con alta el 3 de julio.

Por su parte, la Junta reconoció en marzo la imposibilidad psicológica de la docente para afrontar tareas educativas. Además, la Seguridad Social emitió una resolución en la que llegó a decir que no se apreciaba una conexión concluyente entre estado de ansiedad de la profesora y el desempeño de su actividad laboral.

Con esta sentencia, la magistrada evidencia que en este caso existió un parte de accidente de trabajo expedido por la Junta de Castilla y León, así como solicitud a la mutua para que prestara atención médica a la profesora. Es más, la propia empleadora reconoce la situación de conflictividad en la que desempeña su trabajo la demandante, informa Ical.

El propio médico de Atención Primaria de la sanidad pública determinó que la reclamante presentaba problemas laborales con miedo a regresar a su puesto de trabajo. La decisión judicial recordó también que ha habido hasta una denuncia penal con sentencia que condena a un alumno por un delito leve de amenazas.