La defensa de Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del niño de 8 años Gabriel Cruz, ha pedido para su cliente una pena de tres años de prisión por un delito de homicidio imprudente, o de diez años de cárcel en el caso de estimarse la comisión de un homicidio doloso.
En el escrito de defensa, los abogados reiteran su oposición a que sea un jurado el que juzgue a su patrocinada, «dado que la extraordinaria y desmedida repercusión mediática de los hechos privaría a cualquier ciudadano llamado a ser jurado de la imparcialidad y serenidad de ánimo requeridas». La Audiencia Provincial ya se ha pronunciado sobre este punto y ha ratificado que será un tribunal del jurado el que la enjuicie.
Los letrados relatan cómo el 27 de febrero del año pasado tras comer en casa de la abuela de Gabriel en Las Hortichuelas Bajas, en Níjar, provincia de Almería, le pidió tanto a ésta como al niño que la acompañasen a pintar una puerta en la finca del padre del menor en Rodalquilar, junto a Níjar, porque «prefería no estar sola».
Aseguran que la abuela prefirió quedarse en casa y el pequeño jugando con otros niños pero que cuando su cliente salió en coche se encontró con él y le dijo que estaba haciendo tiempo porque era «muy pronto» para ir a casa de sus primos, por lo que le propuso de nuevo que fuese con ella a Rodalquilar.
Ana Julia mantiene su versión
Una vez en la finca, relatan que Gabriel cogió un hacha para jugar y que Quezada le dijo que la soltase porque era peligroso y podía hacerse daño, añadiendo que en ese momento el niño «entró en la vivienda y le dijo que se callara, que siempre le estaba diciendo lo que tenía que hacer; que quería que su padre estuviera con su madre y no con ella, que era una negra fea; insultándole y negándose a entregarle el hacha».
Sostienen que su cliente intentó quitarle el hacha y le tapó la boca «apretándola con la intención de que se callara» y que «tras breves momentos, éste ya no respiraba». Añaden que, «al darse cuenta de que ello, presa del pánico quedó bloqueada sin saber qué hacer e, incapaz de asumir las consecuencias de lo ocurrido, sacó el cuerpo de la casa, hizo un agujero y lo enterró a fin de ocultar el trágico resultado».
Apostillan que «incapaz de afrontar lo acontecido y sin saber cómo explicarlo a su pareja, ante la desmedida repercusión mediática, continuó ocultando lo acontecido hasta su detención«.
Así las cosas, los abogados de Quezada reclaman la pena citada por un homicidio imprudente en el que, según ellos, concurre, la atenuante analógica de confesión tardía de los hechos. Los letrados reclaman por último que Quezada declare junto a ellos tras la práctica del resto de pruebas.