El anuncio de elecciones anticipadas para el próximo 28 de abril ha dejado en suspenso los avances para la creación de la nueva Ley del Deporte que debe reemplazar la vigente desde 1990.
El Anteproyecto de Ley se encontraba actualmente en fase de audiencia pública, obligatoria antes de la aprobación final del texto por parte del Consejo de Ministros.
Un trámite con el que diversos operadores del deporte español, federaciones, asociaciones y deportistas estaban transmitiendo al Ministerio de Cultura y Deporte y al Consejo Superior de Deporte distintas y numerosas propuestas, alegaciones y peticiones referentes al articulado del texto en discusión.
Era tal la respuesta recibida que el CSD había decidido esta semana prorrogar durante dos semanas más la fase de audiencia pública, que debía finalizar el 26 de febrero.
Entre las propuestas, destaca las 6 peticiones realizadas por Consejo General de Colegios Profesionales de la Educación Física y del Deporte, Consejo Colef, el cual lamentaba que el Anteproyecto “dejaba sin amparo al 92% de la población que practica deporte pautado, no competitivo ni federado“, además de obviar la regulación de las profesiones del deporte, “dentro de sus competencias, estableciendo los derechos y obligaciones de los profesionales y los requisitos para el desarrollo de aquellas”.
O las 50 propuestas presentadas por las federaciones deportivas, bajo el paraguas de la Asociación del Deporte Español (Adesp), entre las cuales se incluían tres medidas para financiar el deporte federado y reducir la dependencia de las ayudas públicas, como la puesta en marcha de una tasa deportiva, que la patronal de los gimnasio Fneid ha tildado de “inadmisible” e “injusta”.
Queda debate por delante en el proceso de redactado final de la nueva Ley del Deporte, que queda de momento en suspenso a la espera de cómo se resuelven los próximos comicios de abril.
Y es que, a pesar de que el presidente del CEO, Alejandro Blanco, aseguró ayer que la Ley del Deporte “saldrá adelante, incluso si hay elecciones”, lo cierto es que será necesario que el texto legal final sea aprobado en el Congreso de los Diputados, lo cual no será posible, mínimo, hasta que no se forme un nuevo ejecutivo.