Izquierda Unida denuncia que las políticas de las administraciones públicas en vez de dinamizar y apoyar el desarrollo de esta provincia están consiguiendo justamente el efecto contrario: su desindustrialización progresiva y su despoblación si siguen apostando por mantenerse inactivos ante esta lenta agonía que venimos sufriendo desde hace años. Porque la única política efectiva que hacen es la de las grandes declaraciones: anunciando una y otra vez planes de dinamización o de reindustrialización, que una y otra vez se quedan en nada.
La nueva “Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras”, que anteriormente era reindustrialización y antes reconversión, no tiene mucha más credibilidad que estas anteriores. Porque la realidad que viven las cuencas mineras es de una devastación brutal en empleo y alternativas laborales que aseguren un futuro para buena parte de la provincia.
Al igual que los planes de reconversión o de reindustrialización, que se fiaron a la iniciativa de que se instalaran empresas privadas en esas zonas, no fueron más que “humo mental de esperanzas” que no se han concretado en nada estable y sólido que se mantenga y asegure un futuro a las comarcas mineras. Lo que se constata, tras años de estas políticas ha sido una pérdida de población enorme en las comarcas mineras y por ende en toda la provincia y una pérdida de cotizantes a la seguridad social y mayor aumento del desempleo en estas comarcas.
A este desmantelamiento del empleo y el futuro en las comarcas mineras se sumará la pérdida de empleo anunciado de empresas subcontratas como PEAL, o empresas auxiliares como Jupiter Bach, auxiliar de Vestas o empresas como Unicaja, donde parece que el banco se plantea una reducción de empleo del 15% de su plantilla en 3 años. Un goteo constante en la provincia que aumenta aún más la devastación: la central de Anllares, la pérdida de empleo en Sorles, …etc.
Esta pérdida de empleo tiene consecuencias desastrosas no solo sobre las personas y familias que lo sufren directamente, sino también sobre los ayuntamientos que tendrán menos ingresos para atender las necesidades de la población, y sobre toda la provincia que sufrirá la pérdida de más población joven, la pérdida de actividad económica, y de futuro.
Por ello Izquierda Unida considera que es necesario un cambio radical de las políticas públicas de las Administraciones. Pasar de fiar el futuro y el empleo a posibles inversores privados que muchas veces, como Vestas, lo que hacen es obtener subvenciones públicas y una vez cobradas abandonar la provincia y dejar una tragedia detrás, a un plan de empleo público que dinamice realmente esta provincia.
Todas las investigaciones serias han demostrado sobradamente que las políticas para crear más y mejor empleo y salir de recesión y crisis implican tres ejes básicos: (1) incrementar la inversión pública en sectores con capacidad de crear empleo (obra pública, dependencia, medio ambiente, etc.), (2) facilitar crédito a pymes y cooperativas mediante regulación y banca pública y (3) incrementar los costes de despido de temporales, políticas que reduzcan tiempo de trabajo, mejoras en salarios y subir el salario mínimo.
La primera opción, pone el acento sobre la inversión pública como generadora de empleo, aunque sin prescindir del papel de la empresa, pero sí potenciando nuevos sectores, apoyando la apuesta por el cambio del modelo productivo. La segunda opción subraya más directamente el apoyo a la mediana empresa y a las cooperativas, que conforman el mayor porcentaje de tejido empresarial de este país y de nuestra provincia, facilitando el crédito con instituciones financieras que deben ser públicas. Ambas opciones son las medidas que han permitido salir de las crisis en otros países y que apuestan por inversión pública en momentos críticos con el objetivo de crear empleo y luego recuperar parcialmente la inversión vía impuestos a los sectores más pudientes. Y se deberían acompañar, según los expertos, con medidas que hasta ahora no han sido tenidas en cuenta en las políticas dominantes de austeridad de nuestras administraciones, desde la reducción del tiempo de trabajo al incremento de la indemnización por despido, desde el aumento de salarios a la subida del salario mínimo que iría en beneficio de las empresas pequeñas y medianas cuyo mercado es sobre todo interno.
En definitiva, desde Izquierda Unida pedimos que las administraciones públicas dejen de hacer declaraciones y arrojar dinero público a pozos sin fondo que se ha comprobado reiteradamente que no han reindustrializado la provincia y apuesten por un cambio de paradigma en las políticas públicas. Un cambio de paradigma que invierta en estos tres ejes, mediante un plan de creación de empleo público estable en la provincia que potencie nuevos sectores, apoyando la apuesta por el cambio del modelo productivo, acompañado por un plan de intervención en las comarcas mineras para crear nuevos dinamismos sociales y un plan de intervención juvenil para que los jóvenes no se marchen. Eso implica empezar por romper con la cicatería mental de la Junta de Castilla León y su cerrazón a poner Formación profesional en esas cuencas, como lo han pedido reiteradamente las propias poblaciones de Fabero, Toreno, etc.
De esta crisis en la provincia de León no se sale con empleo estable suficiente y de calidad con las políticas que hoy están en funcionamiento. Solo si se incentiva la inversión pública, tal como hasta ahora ha sucedido en todas las crisis de los países que tienen un aceptable estado de bienestar, creando más empleo en servicios públicos necesarios, pero también en un nuevo modelo productivo, con nichos que requieran innovación tecnológica e industria avanzada y especializada. Para este nuevo modelo productivo es imprescindible la formación necesaria para que se pueda disponer de técnicos y profesionales preparados, dotando de centros de formación profesional en este sentido que integren la formación continuada como a la ocupacional. La inversión pública en educación es garantía de un crecimiento futuro más sólido y sostenible para todo el sistema.
Izquierda Unida entiende que este nuevo modelo productivo para la provincia no lo puede crear solo el mercado, que va buscando maximizar beneficios y minimizar costos y actúa a corto plazo. De ahí la importancia clave de las administraciones públicas que son las que han de introducir la mirada de largo plazo y del bien común, para que la provincia de León tenga futuro.
Por eso es imprescindible este cambio del modelo productivo urgente en nuestra provincia en el que se unan y estén implicadas todas las Administraciones, desde el Estado a la Junta de Castilla y León, así como la Diputación y los Ayuntamientos. Ante la situación de emergencia social, las Administraciones públicas deben dejar de lado las disputas partidistas y unirse en un frente común que ofrezca una alternativa real a la actual situación provincial. No podemos esperar más. No hay tiempo para más demoras.