El Gobierno de España se ha comprometido a satisfacer una de las peticiones que más han pedido los científicos y las universidades: va a igualar por ley la inversión en investigación e innovación como hacen los países de la Unión Europea. Eso significa que en menos de una década, duplicará los fondos públicos que se destinan actualmente al I+D+I.
El próximo viernes se aprobará la Ley de Ciencia en el Consejo de Ministros. Se han comprometido a incrementar la inversión en I+D+I de forma progresiva hasta conseguir el 1,25% del PIB en el año 2030, que es la cantidad que recomienda la Comisión Europea. Actualmente, lo que se invierte en investigación y desarrollo es el 0,58% del PIB.
La inversión en investigación actualmente es del 0,58% del PIB
Si el Estado cumple con esa promesa y las empresas privadas e inversores mejoraran su aportación actual, la ciencia española podría llegar a recibir en 2030 una financiación del 3% del PIB entre la suma de fondos privados y fondos públicos.
Este sector ha sido maltratado la última década por la autoridad pública que realizó un fuerte recorte en inversiones y oferta de empleo. Ese recorte supuso 20.000 millones de euros menos en el sector, y como consecuencia de ello, una precarización de la carrera y un envejecimiento de la plantilla debido a la creación de interinidades, contratos por meses (o incluso de días), inseguridad laboral y sueldos increíblemente bajos.
Si nos ponemos a analizar la situación entre los años 2011 y 2016, debido a este recorte, se perdieron alrededor de 5.000 puestos de investigador y muchos jóvenes investigadores tuvieron que huir al extranjero para poder trabajar en su especialización cuando en este país no tenían oportunidades.
Objetivos de esta Ley de Ciencia que se aprobará el viernes
Lo que se pretender conseguir con esta ley, es disminuir la precariedad en el sector científico y abrir una posibilidad para que los jóvenes puedan optar a una plaza pública permanente en la universidad o centro de investigación, es decir, pretende evitar la fuga de cerebros científicos y de una manera u otra, atraer de nuevo a los investigadores que se fueron al extranjero. Con esta ley también pretenden suprimir burocracia, premia con incentivos y promoción la transferencia directa del conocimiento a las empresas y aporta medidas contra la brecha de género.
Esta ley también quiere crear un contrato indefinido para científicos, gestores y técnicos de grupos o proyectos de investigación que cuentan con ayudas que se han obtenido en concursos o financiación externa. De esto se beneficiarán miles de investigadores que hoy en día viven constantemente con la incertidumbre de encadenar durante años contratos temporales. El Ministerio de Ciencia está preparando una resolución para permitir estas contrataciones indefinidas sin tener que esperar a que se apruebe la ley.
Otra de las medidas importantes que quiere implantar, es que se abre un itinerario para que los investigadores con doctorado puedan iniciar una carrera profesional estable mientras están intentando lograr una plaza pública permanente. Para ello se crea un contrato de acceso a la carrera, que tendrá una duración de entre 3 y 6 años. A partir del segundo año, la investigación de los doctores será evaluada y en caso de que el resultado sea positivo, se mejorará su salario y se les facilitará un certificado de «investigador establecido». Este estatus les va a permitir poder competir por una reserva entre el 15 y 25% de los puestos públicos de investigador, y les liberará de una parte de las pruebas de las oposiciones.
Estas son algunas de las propuestas que quiere implementar el Gobierno con la implantación de esta nueva Ley de Ciencia.
Inés Alonso
