La fiscalía, liderada por el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, ha dicho sobre la investigación que no ha encontrado indicios desde 2004 a 2021 «que permitan dirigir reproche penal» a D. Juan Carlos I y sugiere que habría que archivar las diligencias de investigación.
Toda esta información se ve reflejada en el borrador de archivo de las diligencias de investigación que acusaba presuntamente al rey emérito de tener una fortuna en la isla de Jersey. Esta era una de las tres líneas que había abiertas de investigación sobre la fortuna de D. Juan Carlos I en la que se decía que podía ser el propietario de una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey con casi 10 millones de euros.
Las otras dos causas que se mantienen abiertas sería por presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas, en el que habría cobrado supuestamente 65 millones de euros, y el supuesto uso de las tarjetas black favorecidas por un empresario mexicano.
La Fiscalía no ve indicios para «dirigir reproche penal»
Ninguno de los tres casos citados anteriormente ha llegado a estar nunca en manos de un juez y tampoco se ha planteado llevarlos ante un tribunal. Los casos están en plena fase de investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo con la ayuda de la Fiscalía Anticorrupción.
En las conclusiones de la investigación, no existen indicios para que se le pueda vincular a D. Juan Carlos I ni en la gestión, ni en la capacidad de disponer de los fondos de dicha cuenta, y al parecer, en ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del «trust» ni consta que haya percibido alguna cantidad en sus cuentas.
Según las investigaciones realizadas, al parecer el dinero de Jersey constituiría un «trust» mediante el cual la persona creó un patrimonio al que se le pueden transmitir unos activos que son administrados en favor de las personas que son designadas como beneficiarios. En este caso, al parecer, el creador habría sido Joaquín Romero Maura, un historiador que fue consejero de D. Juan Carlos I. La finalidad de este «trust» era apoyar al entonces Rey D. Juan Carlos I en el caso de que fuera destituido por un golpe inconstitucional y le tenían a él como único beneficiario, pero apenas ha tenido actividad desde 2004.
Inés Alonso
